La Jefa lo había anunciado eufemísticamente "sintonía fina" apenas reasumió en diciembre. El "viento de cola" se había convertido en un frente de tormenta por la crisis europea, el parate del crecimiento de Brasil, la sequía de la campaña del año pasado, pero, por sobretodo, por las incongruencias de un -cada vez más a las claras no- "modelo" económico basado en el consumo interno sin cambiar la matriz económica ni aumentar la productividad: inflación, retraso cambiario, inviabilidad del Estado supersubsidiario, crisis energética, corrupción y presión de la deuda externa.
El ajuste siguió los tiempos de un clima político inesperadamente desgastante. Por ejemplo, tres días antes de que se ajustaran las tarifas del transporte público ocurrió la tragedia ferroviaria más grave de la historia reciente que desnudó, no sólo la corrupción y la colusión entre privados y el Estado, la inviabilidad de un modelo subsidiario -que operó en favor del empresariado, permitiendo regular la pauta de los aumentos salariales durante todos estos años como compensación de la inflación, que en los últimos cinco años nunca bajó del 20% anual-. El gobierno Nac&Pop retrasó el ajuste tarifario, trató de sostener a los funcionarios cuestionados -incluso ovacionaron al secretario de transportes cuando renunció al hacerse inviable su continuidad por la presión de la opinión pública-. La Jefa no sólo se borró y no mostró ninguna solidaridad con las familias de los muertos y heridos de Once, sino que se enganchó con los cantitos de la barra -que convirtió el acto por el bicentenario de la bandera nacional en un acto partidario-.
Era necesario relanzar un gobierno que arrancó con el pie izquierdo el 2012. El vice de La Jefa -un ex UCD recomendado por algún experto en marketing político y elegido por lo políticamente insignificante que es- no puso ni supo despegarse de un escandaloso caso de tráfico de influencias -por lo burdo-. El vice "descuista" cuando se vio acorralado por una prensa, que avanzaba mucho más rápido que la Justicia -que ni lo había llamado a indagatorias todavía- se autoacusó en una patética alocución en la que prendió el ventilador a velocidad turbo, obligando al gobierno en pleno en salir en su defensa a pesar se la sangría que provocaron las "revelaciones" -jamás confirmadas ni mucho menos probadas por el Vice Descuidista-. Luego vinieron más desprolijos "descuidos": el escandaloso intento de poner un allegado suyo como Procurador del Estado que era impresentable; la confirmación del contrato sin licitación entre el la Casa de la Moneda y la empresa sospechada; la "estatización" de la imprenta sin que se aclare quien era el dueño de la misma, el nombramiento en la IGJ de otro allegado del Vice Descuidista que limitó el acceso a la información y bajo cuyo mandato se "perdieron" documentos importantes para la causa judicial.
No es casual que la ex ministra de economía de la bolsa, que fue condenada antes de ayer por un caso de mini corrupción haya dicho que ella paga por no tener "estructura que no la respalde". Ella no es como el Vice Descuidista, ni como los dos ex secretarios de transporte de la era K, ni como capo de la AFIP -que le hace demandas millonarias a periodistas, sin que los comicagadores oficialistas se escandalicen-, ni como la propia Jefa en persona, que en Harvard dice que decuplicó su millonaria fortuna en estos últimos años porque es "exitosa" sin ponerse colorada.
El 2012 marcó el adiós a las “tasas chinas” de crecimiento. El Gobierno intentó administrar la escasez con pobres resultados. Fue el año de actividad estancada, de inflación en torno al 25%, de mayor emisión monetaria para financiar el gasto, de control de las importaciones, de restricciones cambiarias para la compra de dólares y de desbarajustes provinciales, dirán los críticos. Fue el año de la "estatización" de YPF y de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para alinearla con la política económica, celebrarán los oficialistas.
La economía pesificada cerrará el año con un crecimiento de entre 1% y 2%, según la mayoría de las estimaciones privadas. Los consultores también calcularon una inflación de entre 22 y 25% y una caída de entre dos y cuatro puntos porcentuales en la inversión en relación al producto (a niveles de entre 19 y 22% del PBI).
La actividad económica sintió el frenazo de Brasil y las medidas domésticas que afectaron a la industria y a la construcción, sobre todo. El control de importaciones y el cepo al dólar deprimieron la economía más de la cuenta en la primera mitad del año. El Gobierno se quedó sin dólares ante la reducción del superávit comercial, la menor entrada de divisas de la soja por la sequía y el pago estricto de la deuda externa, y reaccionó con restricciones cambiarias, con un impacto muy negativo sobre sectores de la economía, como el inmobiliario” y, a través de este último, la construcción.
Precisamente este sector cayó 2,5% hasta octubre en comparación con el año pasado, según el propio Indec -intervenido por el Gobierno Nac&Pop desde 2007-. En el segundo y tercer trimestre, sin embargo, las caídas interanuales fueron superiores al 5%, sobre todo por el frenazo de nuevas obras. La paralización “impactó menos en los proyectos en marcha, que se pudieron pesificar, porque la gente que no puede comprar dólares y no quiere convalidar el "blue" encuentra en el ladrillo algo que le permite protegerse, lo que motoriza fideicomisos”. El consumo, que explica casi el 65% del PBI, también desaceleró y creció alrededor de 1,5% durante este año.
Mientras todo esto sucedía, el Gobierno Nac&Pop avanzaba en la expropiación del control de YPF, al desplazar a Repsol y al Grupo Petersen de la firma. Detrás de la medida está el déficit energético creciente (la importación de energía ascendería a u$s 12.000 millones este año, equivalente al superávit comercial anual). Fue una decisión apoyada por la mayoría de la sociedad y parte del empresariado, pero para algunos economistas afectó el clima de inversión. Sin embargo la empresa no se convirtió en Sociedad del Estado y se lanzó a buscar inversiones de petroleras estadounidenses y de bonistas privados.
Al mismo tiempo, la obra pública también aminoró su marcha. La recaudación crecía menos de lo esperado hasta el comienzo del tercer trimestre y el Gobierno ajustó transferencias no automáticas a provincias y obras públicas. El gasto público se incrementó en los últimos meses a un ritmo del 24% cuando lo hacía a más del treinta.
En las provincias el ajuste se sintió fuerte. La provincia de Buenos Aires recibió este año el aporte financiero más bajo de toda la era ladriprogresista por afuera de la coparticipación. Hasta trataron de enajenar al Gobernador Todo Positivo Siempre Para Adelante con todos los trabajadores públicos bonaerenses con la ridícula pulseada por los medio aguinaldos de mediados de año, porque el ex motonauta lo único que había hecho, era decir que quería ser el sucesor de La Jefa -cuando vieron que el costo político era compartido, los Ladriprogresistas decidieron ceder-. Córdoba reclama deudas y da pelea por las cifras de descuento destinadas al sistema previsional -y el Gobierno Nac&Pop hasta decidió usar la pauta oficial de las transmisiones de fútbol para su pelea de artillería verbal con el Gallego cordobés-. Algo similar reclamaron Santa Fe y Corrientes -que demandaron al Estado Nacional ante la Corte Suprema-. Y la Ciudad está en la pulseada por tasas para atender la transferencia del subte. Olivos aprieta por partida doble, porque transfiere el recorte a las provincias y al mismo tiempo busca descalificar a los referentes políticos de esos distritos, todos competidores directos, internos o externos, en la carrera de 2015. La fórmula es llamativa, perversa: el ajuste se impone desde la Casa Rosada, pero los responsables del giro regresivo son otros. Por directa indicación presidencial, varios ministros salieron a exponer el libreto oficial y abrieron el debate sobre la aplicación de tasas provinciales.
Otra forma en la que se expresa el ajuste es en el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias y el tope para percibir asignaciones familiares se mantuvieron fijos a pesar de que la inflación del año superior superó el 20% y la de este año, seguramente, ronde en torno del 25%. Los aumentos autorizados en las paritarias de 2012 promediaron un 24% -a pesar de que el Gobierno propuso una pauta del 22%-. Por lo que no sólo la inflación se morfa los ingresos de los asalariados, sino que el Estado produce una auténtica confiscación masiva a través del fisco.
Los Nac&Pop, para justificarse, aseguraron que el reclamo por Ganancias es clasemedista. ¡Parece que están orgullosos de que el 70% de los trabajadores ganen menos de 5 lucas, si son solteros, o 8 lucas, si so casados! Encima sostienen sus ridículas cifras de inflación y costo de vida -según las cuales, sólo el año pasado se alcanzó una inflación de dos dígitos, y con $6 diarios una familia no es indigente y con casi 3 lucas mensuales, un trabajador casado ya está en la clase media-. Uno no sabe, a esta altura, si actúan o si, es peor, se lo creen.
Más inadmisible es que un gobierno que se llena la boca diciendo que es nacional, popular y progresista implemente semejante salvajada como es el nuevo esquema de asignaciones, que dejará a miles y miles de familias sin este beneficio. Es decir, se encontrarán en su recibo de sueldo con quitas que llegan a los 340 pesos mensuales.
En definitiva, esta situación es una cabal muestra de cómo funciona lo que algunos economistas denominan “el impuesto inflacionario”. No actualizar las asignaciones familiares o el impuesto a las ganancias, en función del real incremento del costo de vida, que este año rozará el 25%, significa una pérdida real del poder adquisitivo de los trabajadores, mientras que el Estado se favorece debido a que el aumento de precios representa más recaudación en concepto de IVA.
Es una aberración jurídica considerar a los salarios como una ganancia, cuando son los empleadores los que pagan este impuesto en función de la plusvalía que obtienen gracias al trabajo aportado por sus empleados.
Obviamente, esta voracidad fiscal responde a una necesidad de caja. Las arcas están vacías y ya no hay recursos para seguir sosteniendo el enorme aparato clientelar que montó el ladriprogresismo. Asimismo, muestra el cariz antipopular de una administración que le mantiene los beneficios escandalosos, como es el hecho de que los bancos no paguen ni un solo peso de impuestos por la renta financiera que obtienen en un país, cuyo modelo económico, en gran parte, se sustenta en la usura; o las multinacionales mineras, que saquean nuestros recursos naturales y contaminan las fuentes de agua dulce más puras del país, dejan poco y nada al fisco, y sólo aportan en función de declaraciones juradas elaboradas por ellas mismas, que nadie controla.
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