Opinión

Con mucho para decir

Desconcierto. Vergüenza. Bronca. Sensación de desprotección. Resignación ante la impunidad del poder. Todas esas cosas sentí el martes pasado cuando me enteré del fallo por el Caso Marita Verón. 

Jueces Eduardo Romero Lascano, Alberto Piedrabuena y Emilio Herrera Molina (izq.-der.)

Pero más desconcierto, vergüenza, bronca, sensación de desprotección y resignación ante la impunidad del poder me dio ver las impostaciones patéticas de la mayoría de los políticos y medios. Desde el gobernador José Alperovich que maneja su provincia casi como feudo desde 2003 –y su partido político desde la vuelta a la democracia, salvo el interregno del genocida Bussi entre 1991 y 1995– que se da por “sorprendido” por el fallo de una justicia provincial que maneja casi a control remoto. Hasta los medios que transmiten la imagen de la mujer como objeto –y muchos diarios hasta promocionaban hasta no hace mucho los “servicios” de prostíbulos–. Desde la presidenta Cristina Fernández y sus esbirros que salieron a pegarle al Poder Judicial en general en su pelea con los grupos mediáticos y son los mismos que permitieron que la Ley de Trata de Personas perdiera estado parlamentario –¿acaso no tienen mayoría?, ¿no se había comprometido ella ante Susana Trimarco a impulsarla y hacerla sancionar?– ni hicieron nada por despegarse de los oscuros lazos que los une con explotadores de prostitutas, trabajadores esclavizados y traficantes de droga. Hasta muchos de los políticos de la llamada “oposición” que tienen los mismos lazos oscuros con la gente de la trata de personas, el trabajo esclavo y el narcotráfico.       

Es que la mafia está colusionada en todos los niveles de la sociedad. Y muy especialmente en el poder político, en las fuerzas de seguridad y los fueros judiciales. Porque no voy a hacer ninguna defensa de una Justicia que no duda en reprimir, espiar y encarcelar a los luchadores sociales, pero no mete preso a ningún funcionario corrupto ni a ningún explotador de mujeres y trabajadores. Una corporación que se defiende con el ejercicio de apurar o ralentizar las causas que más urgen al poder político de turno, y que falla con el viejo adagio de ser “débil con el fuerte y fuerte con el débil”.

Según la ONG La Alameda “El derrotero judicial en la causa Verón es el botón de muestra de la impunidad judicial que existe en todo el país, con escasas honrosas excepciones, en beneficio de la mafia narco-proxeneta y tratante”.

Las causas más resonantes contra redes de trata sexual:

La mujer policía integrante de la División de Trata, Nancy Miño Velasquez, declaró en el 2010 durante 14 horas en el juzgado federal porteño a cargo de Ariel Lijo. La causa terminó archivada. Ningún efectivo policial detenido cuando existía cuantiosas pruebas que comprometían en primer lugar al titular de la división de trata Jorge Omar Fernández por vivir de la coima a proxenetas.

La Cámara Federal, con aval de Casación Penal porteño Sala IV, por la reapertura del barrio prostibulario más grande del país, Las Casitas de Río Gallegos en la provincia de Santa Cruz. Cerca de 33 prostíbulos con repetidos casos de rescates de mujeres esclavizadas y traficadas. Igual boicotearon el fallo de primera instancia.

El zar del proxenetismo y la trata, Raúl Martins, ex agente de inteligencia hoy en la ciudad de Cancún en México, iniciada por su propia hija Lorena Martins terminó archivada por la jueza federal María Romilda Servini de Cubria. No alcanzó si quiera la cámara oculta donde descubrimos una menor de edad inmigrante y pobre explotada en el prostíbulo Brut en Recoleta. El propio jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, fue denunciado por financiar su reelección con el dinero enviado por Martins desde México según declaró Lorena que fue testigo del pago, entregó mails que lo comprueban y la foto de Macri junto con su esposa Juliana Awada entro del narco-prostíbulo Mix en Cancún propiedad de Martins.

La red prostibularia en los departamentos del juez de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, aún no logró ningún procesamiento, menos aún detenciones.

La red de 45 narco-prostibulos en el barrio de Recoleta tramita sin ningún avance en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral y fiscalía de Jorge Di Lello.

La red prostibularia alrededor del Departamento Central de la Policía Federal a cargo de Ariel Lijo tampoco tuvo procesamientos, juicio y castigo. Solo impunidad.

La realidad habla por sí sola. La propia fiscalía federal antitrata reconoce que existen 8 mil prostíbulos en el país. Cuando las casas de tolerancia están prohibidas en todo el país por la ley de Profilaxis 12.331. Mientras que en la Capital Federal se contabilizan un millar de prostíbulos.

“En este sentido, no fue menor que los diputados nacionales dejaron caer el estado parlamentario de la reforma a la Ley de trata para aumentar las penas a los traficantes, un protocolo por la real asistencia a las víctimas y quitar el consentimiento para los adultos que es una traba porque vuelca la prueba en la víctima quien debe demostrar en su indefensión que fue traficada”, asegura la ONG La Alemada en su sitio de internet (laalameda.wordpress.com/).

Raúl Martins junto a Mauricio Macri y su esposa Juliana Awada

La escandalosa relación entre políticos –de todos los partidos– y los proxenetas no se resume en la foto de Martins con Macri –cuya familia política tiene una marca de ropa íntimamente relacionada con talleres clandestinos–. A principios de este año, el Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, llevó en su comitiva a Angola (señalado como el país más corrupto del mundo) al titular de Aljorse Black SRL, Alberto Fernández, a cargo del narco-prostíbulo Black –también titular de talleres con trabajadores esclavos para la marca Soho y de una empresa de alquiler de vehículos de lujo vinculada en una causa de “autos trucos”–. En esa comitiva a Angola, las estrellas fueron los feriantes de La Salada, que admiten explotar trabajadores en alrededor de 20.000 talleres clandestinos. El propio Alperovich fue fotografiado dándose un apretón de manos con la “Chancha” Ale, uno de los acusados del Caso Marita Verón. El socio de un juez de la Corte Suprema de Justicia utilizaba sus propiedades para alquilárselas a dueños de prostíbulos.  

Gobernador tucumano José Alperovich le da la mano a Rubén la "Chancha" Ale

Porque si bien el fallo escandaloso lo dieron estos tres impresentables jueces. Los jueces no se encargan de investigar y recabar las pruebas –tampoco, como en este caso, deben encargarse de ello la mamá de la víctima, algunos voluntarios y periodistas, convertidos en improvisados detectives ante la complicidad de las fuerzas de seguridad con los proxenetas, los traficantes y los poderes políticos–. Los jueces no se encargan de que Estado garantice la protección de las mujeres contra las redes de trata, el femicidio y la educación machista que las convierte en objetivables para muchos hombres.

Desconcierto, vergüenza, bronca, sensación de desprotección y resignación ante la impunidad del poder es lo que provoca reconocer las profundas relaciones entre estas mafias y no sólo los fueros judiciales, sino también las fuerzas policiales, el poder político en general, los empresarios y la sociedad en general, que apaña y consume prostitución y mercancías que les ofrecen los traficantes de personas, mercancías y drogas, quienes explotan a miles de almas en una violación flagrante de los Derechos Humanos, otra bandera utilizada políticamente pata vaciarla de contenido y darle utilidad política. Pero es la realidad que ni los políticos de todos los partidos se animan a decir, ni los medios de comunicación se animan a revelar.