LAS REELECCIONES DE BARACK OBAMA Y HUGO CHÁVEZ
Tras una reñida campaña electoral, el mandatario Barack Obama siguió haciéndose un lugar grande en la historia de Estados Unidos al conseguir la reelección , que según confesó, lo inspira más que nunca para superar los gigantescos retos que tendrá en su segundo mandato.
El líder demócrata se impuso con su ya tradicional mensaje de profundizar el cambio, logrando una clara victoria sobre su rival Mitt Romney. Consiguió el voto popular y logró más de 300 de los delegados del Colegio Electoral. Revalidará su cargo el próximo 20 de enero.
Sin dudas el 2012 fue un año bisagra en la carrera política de Hugo Chávez, quien se encuentra luchando por su vida en Cuba en medio de los esfuerzos para recuperar su delicada salud, debilitada por un cáncer que lo obligó a delegar el poder en su último viaje de urgencia a La Habana.
Chávez fue reelegido el pasado 7 de octubre para un cuarto período de gobierno, con más del 54 % de los votos, sobre el candidato de la coalición opositora encabezada por Henrique Capriles, en una elección muy polarizada.
EL GOLPE INSTITUCIONAL EN PARAGUAY
El viernes 22 de junio, en apenas cinco horas, el Senado paraguayo juzgó y destituyó al presidente Fernando Lugo por 39 votos a favor y cuatro en contra. Una hora después, juró en el cargo el liberal Federico Franco, que había llegado a la vicepresidencia en 2008 con el ahora ex mandatario y que luego se enfrentó con él.
Dos días después, los países del Mercosur decidieron suspender "de forma inmediata" la participación de Paraguay en el Mercosur y de la Cumbre de Presidentes del bloque regional, debido a la destitución de Lugo. Además, expresaron su "más enérgica condena a la ruptura del orden democrático en la República del Paraguay". La Cancillería difundió en un comunicado la determinación adoptada por Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, derivada de la situación política en Paraguay.
GUERRA CIVIL EN SIRIA Y REFORMAS EN EGIPTO
La guerra civil en Siria causó más de 45.000 muertos, de los cuales unos 30.000 eran civiles, desde el comienzo de la revolución contra el régimen de Bashar al Asad hace 21 meses, según el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos (OSDH). Al menos 31.544 civiles murieron desde el 15 de marzo de 2011, precisó la ONG, que incluye entre ellos a las personas que tomaron las armas contra las tropas del régimen.
En junio de 2012 el ex presidente egipcio Hosni Mubarak fue sentenciado a cadena perpetua por la muerte de más de 800 manifestantes durante las protestas que llevaron a su destitución en febrero de 2011. Y a fin de año, fue aprobada en un referendo la reforma constitucional propuesta por el gobierno encabezado por Mohamed Morsi.
EL ACCIDENTE DEL COSTA CONCORDIA
En enero de 2012 se produjo el accidente del crucero "Costa Concordia", con 4229 personas a bordo, la mayoría turistas italianos, franceses y alemanes, cuando después de un par de horas de haber zarpado del puerto de Civitavecchia cerca de Roma, chocó con un escollo cerca de la isla de Giglio. Quedó volcado a una profundidad de 15 a 20 metros y partes de la cubierta quedaron parcialmente sumergidas, a algunos cientos de metros de la costa.
En un incidente aún confuso, que la Justicia indaga y por el cual quedó detenido el capitán del barco, Francesco Schettino , murieron 32 personas. La nave, de 290 metros de largo, estaba escorada 80 grados a estribor, con una grieta de 70 metros en el casco. En octubre comenzó el juicio al capitán, principal responsable del trágico accidente.
EL CONFLICTO PALESTINO-ISRAELÍ: LA GUERRA SIN FIN
El conflicto que desde hace décadas viene arrastrándose entre israelíes y palestinos tuvo su nueva escalada de violencia a mediados de noviembre, protagonizada por una ofensiva israelí que a su vez estuvo impulsada por el incesante lanzamiento de misiles desde la Franja de Gaza.
Los bombardeos israelíes arrasaron edificios gubernamentales, destruyeron túneles ilegales, rampas de lanzamiento de misiles, depósitos de municiones y mataron a decenas de líderes de Hamas. El conflicto dejó un saldo 164 muertos, cerca de 1300 heridos y 11.000 evacuados.
LA TRAGEDIA DE ONCE
El 22 de febrero fue la fecha bisagra : la tragedia de Once, que terminó con 51 muertos y 700 heridos, dejó al desnudo las gravísimas falencias en la política de transporte del Gobierno kirchnerista. Las muertes le costaron el cargo al secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi y la concesión a TBA, dispararon nuevas investigaciones judiciales y obligaron a la Nación a invertir en la red.
Una de las consecuencias más importantes de la tragedia fueron las derivaciones judiciales. Personajes como Ricardo Jaime y Schiavi, los dos secretarios de Transporte, quedaron investigados por sospechas de corrupción en su relación con los hermanos Cirigliano, dueños de la concesionaria TBA.
Precisamente esta empresa terminó intervenida y desplazada por la tragedia. Fue un golpe de timón del Gobierno, que en un primer momento se había quedado congelado por la magnitud del accidente.
EL CASO BOUDOU
El vicepresidente Amado Boudou en principio, debería justificar su desarrollo patrimonial, incompatible con el de un economista que trabaja como funcionario público desde hace, por lo menos, una década. También tendría que aclarar sus vinculaciones con empresas como Searen SA, a la que alquila un lujoso departamento en Puerto Madero.
Sobre todo porque esa sociedad está vinculada con London Supply, la concesionaria de aeropuertos -entre otros, el de El Calafate- que habría aportado los fondos para que Alejandro Vandenbroele, señalado como su testaferro -quien vivió en una propiedad de Boudou, y con quien comparten socios y amigos cercanos-, comprara Ciccone Calcográfica, una empresa cuya quiebra había pedido la AFIP -que luego decidió levantar a través de una recomendación del Ministerio de Economía expedida por el propio Boudou cuando era el titular de esa cartera-.
Para realizar la operación y asegurar a los acreedores que la empresa tendría un futuro promisorio, Vandenbroele habría mencionado su relación con Boudou. Las promesas de prosperidad de Vandenbroele tienen cierta verosimilitud. Su amigo Boudou es quien designó a Katya Daura, la presidenta de la Casa de Moneda, la sociedad del Estado que contrató a la ex Ciccone.
El vicepreseidente, cuando se vio acorralado por una prensa, que avanzaba mucho más rápido que la Justicia -que ni lo había llamado a indagatorias todavía- se autoacusó en una patética alocución en la que prendió el ventilador a velocidad turbo, obligando al gobierno en pleno en salir en su defensa a pesar de la sangría que provocaron las "revelaciones" -jamás confirmadas ni mucho menos probadas- que provocaron el alejamiento de esteban Righi del gobierno.
El oficialismo se vio obligado a estatizar a la ex Ciccone a las apuradas a través del Congreso para tratar de atemperar el escándalo; al tiempo que intentó infructuosamente colocar un allegado a Boudou en la Procuradoría General para controlar mejor al Poder Jucidial. El gobierno intervino la Inspección General de Justicia para limitar el acceso a la información y colocar otro allegado del vicepreseidente en esa oficina, donde luego se denunció que se extravió documentación que podría servir de evidencia en la investigación judicial.
LA "ESTATIZACIÓN" DE YPF
En tiempo récord el gobierno nacional avanzó en la expropiación del control de YPF, al desplazar a Repsol y al Grupo Petersen de la firma. Detrás de la medida está el déficit energético creciente (la importación de energía ascendería a u$s 12.000 millones este año, equivalente al superávit comercial anual). Fue una decisión apoyada por la mayoría de la sociedad y parte del empresariado, pero para algunos economistas afectó el clima de inversión. Sin embargo la empresa no se convirtió en Sociedad del Estado y se lanzó a buscar inversiones de petroleras estadounidenses.
EL 7D
El Gobierno promocionó el 7D como el día de la aplicación de todo el poder de la Ley de Medios sobre el Grupo Clarín -declarado enemigo público nro. 1- porque se vencían la medida cautelar que amparaba al multimedio. Y empezó una absurda guerra de spots propagandísticos cada vez más patéticos por parte del aparato comunicacional del Gobierno y del conglomerado.
Clarín logró que se la extendieran primero más allá de esa fecha hasta el fallo del juez Horacio Alfonso.
El fallo llegó una semana después y fue en contra del Multimedio, que logró otra cautelar hasta la decisión de segunda instancia de la Cámara. Los reveces judiciales para el Gobierno no terminaron ahí, la Corte Suprema le rechazó dos pedidos de per saltum -reglamentado por una ley aprobada en tiempo récord por el oficialismo a pedido de la presidenta Cristina Fernández-, y el Poder Judicial en pleno se quejó públicamente por las presiones del gobierno nacional, que atacó al poder del Estado acusándolo de ser una corporación que debía ser "democratizada".
LA NOVELA DEL SUBTE
El 3 de enero se firmó el "Acta de traspaso": el gobierno porteño iba a “fiscalizar” durante los primeros 90 días el funcionamiento del subte y el gobierno nacional comprometió pagar el 50% de los subsidios que beneficiaban el servicio por el término de un año. Luego diría Mauricio Macri que esa acta era “simbólica”.
Así y todo, a las 24 horas de dicho acuerdo institucional, el Gobierno de la Ciudad anunció el valor de la nueva tarifa, con un aumento del 127 por ciento respecto del valor anterior.
No pasaron ni sesenta días y Mauricio Macri se arrepintió. El 29 de febrero, rodeado por todo su gabinete, anunció que rechazaba el traspaso del subte a la ciudad. Fue luego de la Tragedia de Once alarmó al gobierno porteño sobre la seguridad de las formaciones. El argumento central fue entonces que no se traspasaban los recursos para solventar el mayor gasto.
En mayo llegaría otro capítulo del culebrón. La empresa y los trabajadores discutían aumento de salarios. Bajo la amenaza de paro y conminado el titular de SBASE a presentarse en las negociaciones, bajo apercibimiento de ser llevado por la fuerza pública, el 21 de mayo una tregua precaria frenó el conflicto. Se acordó entonces un aumento salarial de entre 900 y 1200 pesos -representaba entre 10 y 15%, según la categoría-, a cuenta de los futuros acuerdos paritarios, previstos para agosto.
Los tres meses pasaron rápido. Pero la solución del conflicto no llegó. Mientras tanto, el 6 de junio la Presidenta había anunciado la creación de un ente tripartido -Provincia, Ciudad y Nación- para regular y coordinar el servicio; y el 16 de julio, miles de pasajeros se veían afectados por la reducción de servicios por falta de mantenimiento anunciado por Metrovías. La medida implicó el retiro de 20 formaciones de toda la línea de subtes y el premetro.
Ese mismo día, el ministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo aseguraba que “el gobierno porteño tiene depositados 108 millones de pesos en el Banco Nación para el mantenimiento de la red de subtes”. El gobierno lanzó una dura campaña de spots de propaganda contra Macri y su gobierno a través de las transmisiones de fútbol.
Luego vendrían en agosto los diez días de paro y la intervención judicial. Gracias a la decisión de la justicia porteña, los fondos que sí existían, fueron retirados por la Ciudad y se firmó un acuerdo paritario, todavía precario, porque la empresa reclama mayores subsidios que el gobierno porteño se niega a aportar.
Llegó fin de año y los legisladores porteños aprobaron el traspaso del subte a la órbita de la Ciudad a través de una ley que no afecta al derecho de los trabajadores a realizar huelgas, contempla subas de peajes y del impuesto al sello para financiar la operatividad del servicio y permite un endeudamiento para obras de infraestructura.
La ley -que debe entrar en vigencia desde el 1 de enero- poco se parece al texto que envió a la Legislatura Macri y los cambios aplicados fueron consecuencia del seguimiento y la presión que tanto la oposición como los metrodelegados ejercieron sobre el debate que se dio en las comisiones de la Legislatura en las últimas semanas.
La ley -que debe entrar en vigencia desde el 1 de enero- poco se parece al texto que envió a la Legislatura Macri y los cambios aplicados fueron consecuencia del seguimiento y la presión que tanto la oposición como los metrodelegados ejercieron sobre el debate que se dio en las comisiones de la Legislatura en las últimas semanas.
Finalmente, a partir del primer día de 2013, justo el año que el servicio cumplirá un siglo, los subtes serán absolutamente regulados y fiscalizados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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