En un comunicado, el Grupo Clarín criticó algunos "defectos técnicos" del fallo del juez Alfonso. El conglomerado de medios criticó la decisión del magistrado; que anunció que apelará la medida. El titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, por su parte, aseguró esta tarde que con el fallo del juez Alfonso que declaró constitucionales los artículos 45 y 161 de la Ley de Medios "se terminan las cautelares y ahora hay que aplicar la ley". El funcionario sostuvo que el fallo “es un triunfo de la democracia sumamente importante, es un día para celebrar", y agregó que “ahora, con la sentencia de un juez, sinceramente me parece que no corresponde dar ninguna chance de una cautelar”.
A partir de ahora el Grupo Clarín ya no tiene excusas para adecuarse al nuevo marco regulatorio y para el Gobierno Nacional para demostrar su verdadera vocación democratizadora de los medios audiovisuales.
Lamentablemente debo desilusionar a los que esperan una "revolución" en el ámbito de los medios de comunicación. De aplicarse taxativamente lo que dice la ley, el Grupo Clarín no sólo no va a desaparecer, sino que va a seguir siendo el conglomerado más grande –y seguramente, por más tiempo de que el que muchos desean, el más influyente–. Y, por lo que ha venido anunciando el AFSCA respecto de los procesos de desinversión de los otros grupos, seguirá siendo un ámbito con mucha concentración en pocas manos. Por lo que se seguirá profundizando el rol del Estado como financiador discrecional de la gran mayoría de los medios audiovisuales –proceso que ha llevado, contra de lo que muchos comunicadores oficialistas y oficiosos afirman, a que hoy en día sean mucho más las “voces” que apoyan al Gobierno Nacional, que las que lo critican–.
Existe la posibilidad de que el Gobierno aproveche la aplicación de la Ley de Medios para hacerlo en forma maliciosa y absolutamente injusta, para quitarle el negocio a Clarín en favor de otro conglomerado privado. Los anuncios de Sabattella ignorando las flagrantes violaciones a la Ley de Medios que él dice estar dispuesto aplicar por parte de la trasnacional española Telefónica, y los grupos locales comandados por Cristóbal López –un empresario con fuertes lazos con el kirchnerismo, y que en los últimos 10 años ha crecido y se ha diversificado exponencialmente hasta controlar una de las principales áreas de explotación petrolífera, una cadena de estaciones de servicio, el monopolio de la producción de álcalis, casi todos los bingos y casinos de la Patagonia– Raúl Monetta, José Luis Manzano y Alberto Pierri –tres ex funcionarios menemistas, sospechados de haberse enriquecido con escándalos de corrupción, que quieren convertir la “desinversión” en una especie de “complejo de testaferros” más disimulado–.
Esta íntima relación de colusión con el Estado y de conformación de ámbitos privilegiados de acumulación en favor de grupos concentrados locales y trasnacionales extranjeras no es una novedad en el mundo de los medios de comunicación. Clarín logró en base de su poder de lobby y de la relación íntima con todos los gobiernos durante sus momentos de ascenso y mayor popularidad, una serie de privilegios y prebendas del Estado –exenciones impositivas, estatización de deudas en el exterior, pesificación de obligaciones en divisa extranjera, reformas por decreto de los marcos regulatorios: que le permitieron formar un grupo multimedia cuando la propia Ley de Medios dictada por la última Dictadura lo prohibía taxativamente hasta el virtual monopolio de la cableoperación por un decreto del ex presidente Néstor Kirchner, violando no sólo las leyes de medios, sino las de libre competencia y prevención de los monopolios–. A mediados de los 90, luego de que Clarín rompió lanzas con el ex presidente Carlos Menem, el menemismo favoreción claramente a TCI –un complejo donde participaban algunos empresarios locales como Eduardo Eurnekián y Daniel Vila, y varias empresas transnacionales de medios–, que conformó el Grupo CEI –que hasta llegó a superar en tamaño al Grupo Clarín hacia finales de la década del 90–.
Cuando uno ve el mapa actual de medios no ve un escenario alentador. La aplicación discrecional de una ley que tiene la misma lógica que la ley de la última Dictadura: entiende a los espectadores como absolutamente pasivos, por lo que, en la defensa de sus maleables almas, convierte al gobierno de turno en habilitador, censor, regulador y único dispensador de premios y castigos. Aparte es una ley que parece redactada en 1995, porque no toma en cuenta –y obviamente no tiene ningún marco regulatorio para– la televisión satelital, la explosión de internet, el triple-play, la proliferación de las cadenas de canales extranjeras y la comercialización de formatos.
Justamente esta lógica centralista, ha llevado a que el Gobierno nacional no haya aplicado ninguna de las otras reformas que la Ley de Medios contenía ya que lo central en el discurso kirchnerista era la batalla simbólica con el Grupo Clarín –hasta ayer enemigo público nro. 1–, como si toda la letra de la Ley se resumiera en los dos artículos que el conglomerado recusó ante la Justicia. Una de las consecuencias más atroces de esta utilización de las leyes y los organismos del estado con la lógica de que son herramientas de poder del gobierno de turno es que no haya surgido un solo medio comunal, cooperativo, de alguna ONG, minoría o grupo étnico que no sea, no sólo, afín al gobierno, sino también, dependiente de la pauta oficial –la gran mayoría, burda propaganda gubernamental y del partido de gobierno–. El círculo perverso se cierra con unos escandalosos requisitos para costear estos medios alternativos que no tienen lógica comercial, imposibles de sostener sin el apoyo estatal –que hasta aquí se ha mostrado absolutamente discrecional–.
Si es ésta la “revolución” en el mercado de los medios que busca el Gobierno, el resultado puede ser lamentable para muchos de los que sueñan con un significado literal de “democratización”, “diversidad” y “pluralidad” –mucho más ante un Gobierno que se ha apropiado para sí esos conceptos, considerando todo lo que no lo apoya verticalmente justamente lo opuesto–.
Esta claro que el fallo de ayer ha dejado sin excusas al Grupo Clarín, no sólo para adecuarse a la Ley vigente desde hace tres años, sino para asimilar y recuperarse de el primer gran golpe en su contra que recibe de parte de un gobierno al que le retiró su apoyo al considerar –erróneamente claro está– que había comenzado su ciclo de descenso y decadencia. Para el Gobierno nacional, por su parte, no le quedan más excusas para emprender un proceso genuinamente democratizador del espacio mediático sin más dilaciones, discrecionalidades ni amiguismos. En definitiva, se acabaron las excusas para todos amigos, también para los que por ponerse del lado de un bando o del otro, han mostrado la hilacha y han desprestigiado la profesión profundamente.
Sólo el tiempo lo dirá…
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