Opinión

De Ley de medios a Ley anti-cadena ilegal

Desde aquí no tenemos ningún interés en defender al Grupo Clarín –que como ya dijimos, el propio kirchnerismo contribuyó a su crecimiento exponencial (Paradojas, 24/09/12)–. Ya es lo suficientemente poderoso como para defenderse solito. El problema es cuando el “relato” utiliza los reclamos de los sectores progresistas y de izquierda –que antes habían sido ignorados olímpicamente– para convertirlos en consignas y slogans que se vacían de contenido y se transforman en herramientas de presión utilizadas en favor grupos de interés a los que el Gobierno quiere beneficiar en perjuicio de otros. 

Lamentablemente en eso han convertido la Ley de Medios, que en lugar de ser el nuevo marco regulador  de los servicios audiovisuales se ha convertido en una herramienta de extorsión contra grupos económicos que no son afines al gobierno y en una  estrategia de propaganda política para mantener la pretensión de discurso progre.    

Como luego del fracaso de la resolución 125, la crisis financiera internacional de 2008 y el desgaste propio de un segundo mandato, el kirchnerismo necesita hoy nuevamente con urgencia reconstruir su discurso épico y para eso hace falta diseñar un enemigo, alguien a quien echarle la culpa , cuando demasiada gente les está echando la culpa a ellos por tantos motivos.

El Grupo Clarín es el enemigo ideal para su discurso progre. Hoy en día es el único que une al Gobierno a extrapartidarios, tanto de izquierda o de derecha. Incluso más allá de que algunos funcionarios y comunicadores del oficialismo lo han transformado es un recurso gastado y bastante mal utilizado, hasta el punto de que algunos voceros terminaron del otro lado de la línea del ridículo con algunas teorías conspirativas disparatadas.

Luego del spot durante las transmisiones del Fútbol Para Todos, vinieron las acusaciones lisas y llanas de golpismo contra Clarín, intentando relacionar al grupo multimedia con la rebelión de los prefectos y gendarmes, las preguntas destituyentes de los estudiantes de Harvard, y hasta el secuestro de un testigo clave del Caso Mariano Ferreyra.

El kirchnerismo rehabilita la ofensiva contra el enemigo perfecto para su discurso progre, acusándolo de que por culpa de su estrategia judicial no se aplica la Ley de Medios. Como si toda la ley se resumiera en el artículo 161, la famosa “desinversión”. 

El mismo Gobierno nacional reconoce que la ley fue sancionada y promulgada hace 3 años. Sin explicar por qué en esos tres años no sólo no se adecuó ninguno de los otros grupos de medios que no cumplen la Ley –incluso ha tolerado que algunos hayan seguido creciendo y hasta ha habilitado una compra directa de medios entre privados, lo que es absolutamente ilegal–, sino tampoco ha liberalizado el espectro para las radios radios comunitarias, de pueblos originarios, universidades y asociaciones sin fines de lucro;  llamó a licitación de las licencias para los canales de la televisión digital terrestre, pero luego la suspendió para seguir adjudicando los canales en forma directa y discrecional; han abusado sistemáticamente de la cadena nacional y se han ofendido terriblemente cuando se lo han marcado.

Acusan al Grupo Clarín que tras 3 años de vigencia de la Ley no haya diversidad, cuando por la propia Ley tienen un instrumento para ir haciéndola posible, más allá de las cautelares que pueda lograr Clarín en los juzgados. Durante estos tres años se ha podido aplicar casi toda la totalidad de la Ley, que en general fue aprobada casi unánimemente en el Congreso Nacional.

Eso revela que la Ley en lugar de convertirse en un instrumento democratizador de la comunicación, se ha convertido en una herramienta de presión entre grupos económicos y el Gobierno nacional. 

Y es una de las debilidades que tenía desde que era un proyecto: era clara su motivación política por sobre armar un marco regulatorio moderno, democrático y ajustado a los tiempos actuales. Al contrario, más allá de las críticas por el origen del anterior marco regulatorio durante la última dictadura, reprodujeron  su concepción autoritaria de la comunicación, dándole al Poder Ejecutivo el poder de dar o quitar las licencias, regular los espectros y limitar los contenidos, sólo se cambió la sigla del ente a cargo.

Más acorde con una democratización hubiera sido la conformación de un ente colegiado autárquico similar al Consejo de la Magistratura donde estén representados los medios privados (desde las corporaciones a las pequeñas y medianas empresas), los comunitarios y sin fines de lucro, y los del Estado, el Gobierno Nacional de turno, el Poder Legislativo y las universidades nacionales. 

Otra de las debilidades de la Ley es que,si no fuera por una frase, Telefónica tendría un monopolio mucho más brutal que el de Clarín si se hubiera habilitado del tripe-play. En el siglo XXI legislar en medios audiovisuales sin considerar que la tecnología actual es la de los servicios de canal triple (voz, datos, tv)  por cable o satélite, es estar no sólo atrasados, sino impedir que la gente llegue a mejor tecnología y mejores precios.

Pero para no caer en un ejercicio contrafáctico, y hablando sobre la posibilidades concretas, podemos ver que el Gobierno no ha utilizado el instrumento que le dio el Congreso de la Nación para democratizar los medios de comunicación, sino para su política de alianzas estratégicas con los grupos económicos concentrados colusionados con el Estado y como estrategia de comunicación para construir el “relato” de epopeya y de enfrentamiento contra los oscuros poderes antipopulares.