El debate sobre el aborto: una deuda que nos tenemos como sociedad
Desde mi punto de vista, sostengo que se debe despenalizar el aborto –para que ninguna mujer tenga que morir– y exigir al Estado que implemente una política activa de educación sexual y planificación familiar –para que menos mujeres tengan que abortar–.
Sostener mi punto de vista me provoca un doble debate interno. En primer lugar, si como hombre tengo derecho a opinar sobre lo que las mujeres deban hacer o no con sus cuerpos. Y, en segundo lugar, si bien éticamente y fiolosóficamente no soy abortista –como rápidamente algunos no tardarán en endilgarme el rótulo–, también soy partidario del respeto de los derechos individuales y de la libertad de elección de las personas.
Pero el debate sobre el aborto volvió a la agenda de la opinión publicada en los medios este año por la sentencia de la Corte Suprema que no despenalizó el aborto, sino que reinterpretó el concepto sobre las situaciones que la ley vigente –que data de la década del 20– autoriza como interrupciones del embarazo no punibles judicialmente. Entre ellas se encuentran la concepción como consecuencia de una violación, el riesgo para la salud o la vida de una mujer, métodos anticonceptivos ineficaces o incapacidad para criar un hijo.
La Corte le ordenó, en primer lugar, a los gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires a actualizar sus protocolos de actuación a la nueva interpretación del máximo tribunal –que buscó ante todo desburocratizar y desjudicializar los engorrosos procesos en los que derivaba cada petición por los canales legales de una interrupción del embarazo–; y, en segundo lugar, encomendó al Gobierno nacional y al Poder Legislativo de la Nación redactar una nueva ley sobre el tema de fondo para que se terminen los problemas de interpretaciones.
Los gobernadores de las provincias tomaron reacciones contrapuestas. La mayoría de los gobernadores del Frente Para la Victoria (FPV) –el partido de la presidenta Cristina Fernández– no tardaron en mostrarse contrarios a ajustarse a la nueva interpretación –José Alperovich de Tucumán, Juan Manuel Urtubey de Salta y Francisco Pérez no demoraron en oponerse públicamente a la nueva doctrina de la Corte–. Apenas en Santa Cruz –gobernada por Daniel Peralta, un oficialista que actualmente está siendo muy mal visto desde la Casa Rosada–, Chubut y Chaco los protocolos provinciales se ajustaron a la interpretación del máximo tribunal.
En los tres distritos que no están gobernados por el oficialismo se tomaron tres actitudes: Corrientes –gobernada por el radicar Ricardo Colombi– no modificó nada; Santa Fé –gobernada por el socialista Antonio Bonfatti– aplicó el protocolo que mejor se ajusta a lo solicitado por la Corte –e informó recientemente que en ese distrito se han practicado ya 14 interrupciones del embarazo exitosas en hospitales públicos–; y la Ciudad de Buenos Aires –donde gobierna el titular del Pro Mauricio Macri– aplicó una interpretación propia -la resolución firmada por el ex ministro de Salud Jorge Lemus, firmada en septiembre justo antes de renunciar–.
Ni el oficialismo –mayoría con quórum propio en el Senado, y sumando aliados en la Cámara de Diputados– ni la oposición en el Congreso Nacional, ni la presidenta Fernández o algún ministro de su Gabinete han hecho nada hasta el momento para cumplir con la segunda parte de lo que resolvió la Corte Suprema.
Es más, en todas las declaraciones públicas que ha hecho la presidenta Fernández –desde sus tiempos como senadora– ha sido enfática en su oposición a una despenalización generalizada del aborto. Lo mismo que la gran mayoría de los legisladores del bloque del FPV.
Por lo tanto, suena más que hipócrita la impostura de los legisladores porteños del FPV Francisco Nenna y María Lubertino acusen a Macri de rebelar los datos del aborto no punible que se canceló a último momento hace una semana por una cautelar solicitada por grupos fundamentalistas católicos y no digan nada sobre la actitud de los legisladores nacionales, los gobernadores provinciales de su propio partido, ni de la presidenta. Sostienen un discurso progresista y pro-libertad de decisión, sólo a nivel de la legislatura de la Ciudad, donde son opositores.
El jefe de gobierno porteño, en coherencia con su línea de pensamiento, vetó el protocolo sancionado por la Legislatura de la Ciudad –que era aún más progresista que lo propuesto por la Corte– y con el pensamiento de la mayoría de sus votantes cautivos –que si bien representan una minoría dentro de los que lo coronaron en las elecciones del el año pasado, tienen un fuerte poder de lobby dentro su partido y en el círculo social al que pertenece–.
Los fundamentalistas católicos demostraron que su poder de lobby no sólo llega a los gobiernos provinciales, sino también a la corporación judicial. La semana pasada, en tiempo récord, lograron una cautelar que detuvo el aborto que debió practicarse en el Hospital Ramos Mejía, por una jueza de un tribunal civil nacional que en su insólito fallo reconoce que se basa en informaciones sacadas de medios periodísticos, desconociendo hasta la identidad de la mujer que había solicitado la interrupción del embarazo–. Por suerte, la Corte Suprema estuvo rápida de reflejos para anular la medida de amparo y habilitar el aborto que, teóricamente debe de realizarse en breve.
Los fundamentalistas no se quedaron ahí, cuando el gobierno de Santa Fe hizo público su protocolo y la cantidad de interrupciones que se realizaron exitosamente, rápidamente invadieron los juzgados con sus peticiones y lograron que un magistrado suspenda la reglamentación, y la realización de cualquier tipo de abortos en ese distrito.
Estos grupos se autodenominan “Provida” (en inglés pro-life), término con el que se autodenomina un abanico de activismos y corrientes de pensamiento que sostiene la defensa del derecho humano a la vida. Desde la perspectiva de estos movimientos, la vida humana comienza desde el momento de la concepción, de modo que el cigoto, el embrión y el feto se consideran como individuos vivientes. Por esta razón se oponen particularmente al aborto inducido.
Desde este punto de vista, cualquier acción que "mate" un embrión o un feto es un asesinato a un ser humano. Cualquier destrucción deliberada de un ser humano es considerada como ética o moralmente incorrecta y un delito. Hasta llegan a oponerse a ciertas formas de métodos anticonceptivos, como las pastillas anticonceptivas y el DIU –y más fuertemente aún a la píldora del día después– que evitan la implantación del cigoto. Esto se debe a que los defensores "provida", apoyados por determinadas "corrientes científicas" –que sólo ellos sostienen–, estos métodos inducen a abortos.
Para los fundamentalistas –que no son exclusivamente católicos, están también representados en el lobby provida casi todos los cultos evangélicos y protestantes del país, sólo que los primeros son mayoritarios y tienen fluidos contactos con las esferas del poder político, judicial y empresarial– ni un caso de violación justificaría el aborto, porque para ellos, en primer lugar, está la vida del “niño por nacer” y en, segundo lugar, sostienen que una mujer que sufrió semejante trauma “no está capacitada” para tomar una decisión tan extrema.
Si bien algunos, admiten que no sean punibles los abortos en caso de violación, solicitan que la vejación sea comprobada absolutamente por la Justicia –que, teniendo en cuenta “los tiempos” de la Justicia en nuestro país, cuando se llegue a ese grado de certeza, el chico va a tener 12 años, y más que un aborto habrá que hacer un fusilamiento–.
Aparte de extemporáneo y fundamentalista, el punto de vista de estos verdaderos fanáticos está basado en posturas ideológicas –filosóficas o teológicas– que carecen cualquier fundamentación científica y que suponen un Estado paternalista muy ligado a la Iglesia.
Muchos de estos protectores de la vida –de los niños por nacer–, además de ser indiferentes a los niños que ya lo hicieron y están en situación de calle o pobreza, suelen apoyar en cambio que el Estado ejecute a los criminales y delincuentes, demostrando la cruda hipocresía de sus postulados.
Es que ante todo, el debate por la despenalización del aborto es un debate sobre la desigualdad de clases y de género. Es un debate sobre la desigualdad social porque la situación actual esconde una doble injusticia. Por un lado, mientras las mujeres con recursos tienen acceso a interrupciones del embarazo “seguras” –aunque ilegales– con la atención y el seguimiento de profesionales médicos, y, de ser necesario, con infraestructura moderna y adecuada; las mujeres sin recursos recurren a recetas caseras y a circuitos clandestinos donde no hay profesionales ni medios técnicos adecuados, poniéndose en riesgo de vida. Por el otro, este “doble circuito ilegal” obliga a las mujeres de clases bajas que son violadas a exponerse a la judicialización de su demanda de aborto, que deriva en la publicidad de su situación, las demoras de la Justicia y la posibilidad de accionar de los fundamentalistas “provida”. Y es un debate sobre la desigualdad de género, porque la mayoría de los decisores –gobernantes, legisladores, jueces, funcionarios, médicos– son hombres –como alguna vez leí en un foro, “si los que quedaran embarazados fueran hombres, de seguro el aborto sería legal hace tiempo”–.
Por tanto, debemos demandar al Gobierno nacional y a los legisladores de la Nación –oficialistas y de la oposición– una ley que despenalice el aborto –para que ninguna mujer tenga que morir–, y exigir al Estado que implemente una política activa de educación sexual y planificación familiar –para que menos mujeres tengan que abortar–.
Eso acabará los estériles debates sobre en qué casos debe ser punible o no punible la realización de una interrupción del embarazo. Fulminará la posibilidad de que los fundamentalistas religiosos se inmiscuyan en la vida de las demás personas. Permitirá que la sociedad sea más justa.
Despenalizar el aborto no supone obligar a todas las mujeres embarazadas a abortar. Significa que el Estado debe educar a las mujeres y hombres en planificación familiar y el uso de los métodos anticonceptivos, así como en acabar con el machismo y la discriminación de género que tiene nuestra sociedad. Significa salvarle la vida a miles de mujeres que se mueren por no acceder a una intervención segura con los medios técnicos y profesionales adecuados. Significa acabar con la doble vejación que sufren las mujeres violadas que recurren al circuito legal y deben, además de sufrir la violación, padecer la burocratización y la publicación de sus casos, que terminan convirtiéndose en debates nacionales.
Tampoco concuerdo con la posición ultraindividualistas de algunas feministas que sostienen posiciones de Estado mínimo que se asemejan mucho al neoliberalismo económico. Yo creo que despenalizarse el aborto, debe obligarse por Ley que un instituto autárquico similar al Incucai debería regular las intervenciones, las cuales deberían hacerse exclusivamente en hospitales públicos. De manera tal de evitar convertir el aborto en un negocio para privados –como ocurre en algunos estados de EEUU–; y para, al tener la información de primera mano, el Estado pueda hacer tareas de educación sexual, asesoramiento en planificación familiar y trabajo social focalizándose según grupo etáreo, clase social, región, etc. Aparte de esta manera se podría hacer un seguimiento personalizado de cada caso con psicólogos y trabajadores sociales para que las mujeres que tuvieron embarazos no deseables evitables, no vuelvan a esa misma situación recurrentemente.
Claro que todo esto no pasa de una expresión de deseo y de un aporte a un necesario proyecto de ley que despenalice el aborto. El Gobierno debe dejar de lado las concepciones teológicas y éticas individuales, absolutamente respetables, y no debe basarse en una concepción plebiscitaria y de consensos basados en encuestas y estudios de mercado. Como sociedad debemos permitirnos salir del oscurantismo y debatir en forma racional, con argumentos científicos y, sobre todo, abandonar hipocresías que sólo esconden discriminación y desigualdad social.
Mapa del aborto en el mundo:
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