Opinión

Los Nac&Pop con la burguesía y la burocracia sindical y en contra de los proletarios: ¿alguien se sorprende?

Una vez más el Ladriprogresismo nos muestra su cara antiobrera y neoliberal. Rescatando la privatización del menemismo –que tanto critican, de la boca para afuera solamente–. La nueva legislación, sancionada hace minutos en el Congreso Nacional, perfecciona el sistema pergeñado en los 90, por el mismo partido que ahora dice modificarlo. La seguridad laboral de los trabajadores seguirá en manos de pulpos privados: las ART, hermanas gemelas de las AFJP –propiedad de los mismos bancos y capitales–. 

El Ladriprogresismo vino a rescatar integralmente el sistema de la ley menemista de 1995. Seguirá el régimen por el cual, mediante un aporte patronal, cada empresa es eximida de afrontar las consecuencias del accidente laboral. Con un agravante enorme: habrá que elegir entre la vía de la indemnización de la ART o la de la justicia.

La nueva ley obliga a un trabajador siniestrado y a su familia, en caso de siniestro mortal, a optar por el cobro inmediato de una tarifa pautada o, en su defecto, ir a un juicio –que a partir de ahora pasará del fuero laboral ¡al civil!, y demoraría 5 ó 6 años en lugar de los 2 ó 3 actuales–. 

Sabido es que las indemnizaciones de las ART, ahora incrementadas en un miserable 20%, son varias veces menores que las de cualquier afectado civil por otro tipo de accidente no laboral. Pero además, ninguna familia obrera puede quedar sin cobrar nada para ir a un juicio de años. Por este motivo, la Unión Industrial aplaudió de pie a la Presidenta cuando anunció el proyecto, que constituye una formidable extorsión patronal-estatal al trabajador accidentado.

A tal punto llega la “alegría” patronal que el presidente de la Unión Industrial, Ignacio de Mendiguren, no tuvo ningún empacho en admitir a la agencia oficial Télam que “se avanzó en (la) dirección (…) que tuve la oportunidad de expresarle a la Presidenta” (BAE, 24/9).

Según De Mendiguren, “la nueva ley de ART le pone un punto final a la industria del juicio”; aludió al incremento del número de juicios y a que los principales beneficiados de ese aumento habrían sido los abogados. La realidad es la contraria: la Justicia le daba la razón a los trabajadores debido a la enorme diferencia entre el monto de la tarifa de la ART y la indemnización que fijaban los jueces. Si no existiera esa diferencia, ni el obrero recurriría a la Justicia ni las patronales se sentirían afectadas cuando lo hiciera.

Los ladriprogresistas se aprovecharon de la parte del fallo de la Corte Suprema que más les convenía: si el trabajador o los familiares la consideran insuficiente, pueden reclamar un resarcimiento mayor en la Justicia laboral”- Pero lo central de aquel fallo de la Corte obedeció a que la ley de ART, sancionada durante el menenismo, prohibía a los trabajadores demandar ante la Justicia, lo que a todas luces era inconstitucional. 

El Ladriprogresismo ha retomado la ley menemista de la manera más pérfida.A partir de la reforma nacional y popular, el trabajador accidentado va a tener ante sí una disyuntiva de hierro: con un elevado nivel de discapacidad, por ejemplo con el brazo o la pierna accidentada, va a tener que decidir “libremente” si acepta recibir en forma más o menos inmediata algún dinero por el daño sufrido, o por el contrario contratar a algún abogado civil –que podría hasta cobrarle por la consulta y el inicio del juicio– y esperar varios años a que se pronuncie la Justicia. Con total inmoralidad, el proyecto K se aprovecha de la minusvalía del trabajador por el accidente producido –en la mayoría de los casos por falta de prevención y seguridad laboral a cargo de las patronales– para que renuncie al derecho que tiene todo ciudadano a demandar en la Justicia.

Que este es el objetivo queda reforzado por otros cambios. Primero: “se transfiere el reclamo judicial de un conflicto del trabajo desde el fuero laboral al fuero civil, que tiene resarcimientos inferiores y tiempos más largos de resolución”. Segundo: a fin de inducir a los damnificados a cobrar la indemnización de la ART, el proyecto eleva las tarifas del sistema en un 20%”. En otras palabras: aumentan la “limosna” de la ART y extendieron en varios años los plazos para que se pronuncien los jueces, con indemnizaciones menores, para inducir a que el trabajador “renuncie” a ir a la Justicia.

Como ya ocurrió con la ley menemista de ART, el actual proyecto tiene la bendición de la burocracia sindical –la CTA oficialista y la CGT Balcarce–, a la que de inmediato el gobierno le habilitó otro negocio: la posibilidad de constituir las llamadas ART-Mutuas entre las cámaras empresarias y los sindicatos. Para que el negocio sea más lucrativo, esas Mutuas deberán atender a los accidentados en las obras sociales y en los hospitales públicos, según reza el decreto que de inmediato firmó La Jefa.

En otro orden de cosas, las actuales comisiones médicas que determinan el nivel de incapacidad sufrido por un trabajador accidentado han sido declaradas inconstitucionales hace ya bastante tiempo. El proyecto del gobierno viene a remediar eso con la constitución de nuevas comisiones integradas por la empresa, la ART y la burocracia sindical. Véase en qué manos queda la seguridad de los trabajadores.

Por otra parte, el proyecto nada dice del 40 por ciento de trabajadores en negro, desamparados de toda protección, mientras refuerza y perfecciona la privatización menemista de la seguridad laboral; es decir, de la completa inseguridad.

El gobierno que “recuperó la soberanía energética”, para reprivatizar YPF y para mantener en pie la privatización del gas y del petróleo, se jacta ahora de “recuperar la seguridad laboral”, consolidando el negocio de los accidentes de trabajo por parte de los bancos que manejan las ART.