Opinión

Peor que elefantes en un bazar 

El ajuste encubierto y las internas palaciegas

El reclamo salarial por parte de fuerzas del aparato represivo del Estado es un signo alarmante de la descomposición política de un gobierno afectado por la crisis económica mundial y por la brutal interna abierta la misma noche que la presidenta Cristina Fernández triunfaba arrasadoramente en las elecciones presidenciales, dentro el kirchnerismo, ante la certeza de que se había establecido su hegemonía y que las próximas elecciones los tendrán por ganadores.

En primer lugar los prefectos, gendarmes, militares y policías no son proletarios. Citando a Norbert Elias son especialistas que son enlistados y autorizados por los gobernantes para "usar la fuerza física en emergencias y también para que otros ciudadanos [no autorizados, claro está] hagan lo mismo". Se trata de una función política como sostiene Antonio Gramsci: se trata de una función donde la dirección es del poder civil. Por lo que una rebelión de uniformados lo es contra sus superiores uniformados, pero por sobre todo es una rebelión contra la conducción civil.

Esto no injustifica el reclamo. Que el gobierno por impericia -tanto si redactó mal el decreto como si no controló su aplicación si creemos en la teoría conspirativa lanzada ayer por el jefe de Ganinete Juan Albal Medina- haya incurrido en un recorte de sueldos es un hecho que habilita el reclamo. Como también que, luego de haber logrado desactivar ese mecanismo -perverso o pervertido- se hayan envalentonado para ir por un premio mayor: el blanqueo de la masa de sumas no renumerativas que constituyen la mayor parte de sus salarios -para nada gratificante- es una medida justificada. 

Es un hecho conocido por todo aquel que trabaja en el Estado que desde los 90 a la fecha han ido aumentando los ítems de sumas "en negro". Y que también el Estado es el mayor empleador bajo las modalidades de "contratos basura" o trabajo flexibilizado del país; lo que lo inhabilita para imponer a los privados campañas de trabajo registrado.

Pero las fuerzas de represión del Estado no son simples proletarios, son los ciudadanos legalmente armados y entrenados para utilizar el monopolio legal de la violencia que le corresponde al gobierno legal, según la célebre expresión de Max Webber. La rebelión de las fuerzas armadas siempre es contra el Estado y el orden constitucional. 

Tampoco es un golpe de Estado. Como sostienen algunos exaltados con insostenibles argumentos. Más allá de que pueden haber advenedizos golpistas que agiten algunas proclamas destituyentes -incluso entre los propios gendarmes y prefectos- sabemos que son una minoría -rabiosa y violenta por lo- impotente. Lo que no significa que la democracia esté estabilizada, el peronismo ha demostrado que maneja un poder de rebelión política capaz de romper el orden legal sin necesidad del militarismo que caracterizó la historia argentina desde los tiempos de la emancipación, como bien lo ha señalado Tulio Halperín Donghi.

El problema es que el gobierno se ha debilitado políticamente en forma brutal. En parte su buena estrella les jugó una mala pasada: el viento de popa ha cesado por la crisis económica mundial y una sequía el año pasado han comprometido el acceso a las divisas necesarias para pagar la deuda externa -la política de transformarla en "deuda interna" desfinanciando el Ansés y utilizando las reservas del BCRA demostraron tener límites que ponen en riesgo la estabilidad el "modelo"-. Se ha buscado a través del control pretoriano de las importaciones -para tener un superávit comercial artificial a riesgo de provocar recesión- y del cepo cambiario -buscando que la clase media no ahorre y consuma en el país en forma obligada, lo que obviamente la malpredispone- monopolizar el control de las divisas para destinarlas a los pagos de una deuda externa que, es verdad, pasó de representar el 161% del PBI a fines de 2001 a sólo el 41% del PBI hoy en día, pero el PBI actual cuadriplica el de entonces luego de casi 10 años de crecimiento a tasas chinas, ergo con quita, renegociación y pago al contado al FMI la deuda sigue siendo la misma.   

El gobierno a tenido que ajustar. Lo ha llamado "sintonía fina". Pero descubrió que la patria subcontratista del Estado y el modelo subsidiario -creado por en los tiempos de José Martínez de Hoz, profundizado en los tiempos de Domingo Cavallo, y mantenido a rajatabla con el "modelo" kirchnerista- es una bomba de tiempo social. Para colmo la guerra mediática con Clarín que encontró en el vicepresidente Amado Boudou un flanco demasiado fácil para pegarle al Gobierno y con la Tragedia de Once quedaron al desnudo las consecuencias de la corrupción y la colusión entre los funcionarios y el capital concentrado enquistadas en el Estado y en la forma de entender el poder político del peronismo.

Pagar el precio de asumir esas cuestiones se volvió una factura demasiado salada. Por eso el Gobierno aprovecho el sistema económico antifederal para obligar a las provincias a realizar el ajuste. Lo que derivó en choques con los gobernadores, que no quieren ser el pato de la boda y pagar con el desprestigio de sus imágenes públicas -ganadas a través del festival de la ayuda social, la obra pública y el trabajo en las administraciones provinciales y municipales-. El paro policial durante un mes en Santa Cruz, el intento de desdoblamiento de los medio aguinaldos en la provincia de Buenos Aires, el recorte de las compensaciones para las cajas previsionales de Corrientes y Córdoba son sólo ejemplos.

Pero el principal problema es el interno. Es la guerra entre las facciones del propio kirchnerismo que empezó el mismo 28 de octubre cuando se supo que la victoria de la presidenta Fernández había sido arrolladora. Empezaron a correr los que se creen candidateables a la sucesión y los que prefieren seguir atrás de la figura de la líder y empezaron a instalar la necesidad de una reforma constitucional que habilite la re-re. Y como si fuera poco, el grupo ideológicamente más allegado a Cristina Fernández comenzó un desplazamiento de sus correligionarios no tan verticalizados.

Es obvio que a vicepresidente Boudou lo entregaron desde adentro mismo del Gobierno, que intentaron deponer al gobernador Daniel Scioli, que vaciaron de poder al ministro Julio De Vido, que Gabriel Mariotto lo mandaron a Siberia cuando remplazaron a su delfín en la Autoridad de Aplicación, Santiago Aragón, por Martín Sabatella. Y que el subsecretario de Seguridad Sergio Berni está esmerilando a la ministra de la cartera Nilda Garré: de algún lado se filtró lo del Proyecto X y lo del despliegue de militares en villas, cómo que no parece nada inocente que el decreto que terminó recortando los salarios de los hombres de las fuerzas de seguridad haya sido mal redactado o malaplicado sin control por casualidad.

El tema es que se mueven como elefantes en un bazar destruyendo el propio poder político ganado hace menos de un año. Esto sumado a un coletazo del ajuste que se quiere tapar ha derivado en la rebelión de los prefectos y gendarmes, que no es otra cosa que una crisis de autoridad. Por eso es positivo que la oposición no haya salido a apoyar a los amotinados -hasta Mauricio Macri, a pesar de su patética y totalmente inoportuna alocución a lo estadista de anoche, ha llamado a los rebeldes a deponer su actitud-. Eso habla de la vigencia de la democracia más allá de sus debilidades y deformidades en la Argentina. No hace falta agitar fantasmas ni difundir miedo.

Los verdaderos riesgos para la democracia son otros. Es la represión a los luchadores sociales, muchos encarcelados injustamente. Son los desaparecidos Julio López y Luciano Arruga, el el secuestro durante un día de un testigo clave de la Causa por el asesinato de Mariano Ferreira por una patota sindical. Son los gordos cómplices de la dictadura y del menemismo rodeando a la presidenta, que sólo reconoce a la burocracia sindical. Es el riesgo cierto de que el fracaso de un gobierno de derecha con discurso progresista -que prefiere fracasar antes de entregarle el mando a otro partido-, le entregue el poder a la derecha de verdad.