Clarín retirá ya la denuncia contra los periodistas
El Grupo Clarín presentó el pasado jueves una denuncia penal por "incitación a la violencia y coacción agravada" contra funcionarios nacionales y periodistas. Desde aquí me solidarizo absolutamente con los colegas Roberto Caballero, Sandra Russo, Javier Vicente, Nora Veiras, Edgardo Mocca y Orlando Barone.
Quien me conoce y sabe mis opiniones personales sabe que no me une absolutamente nada con esos periodistas, con los que estoy en desacuerdo casi total con sus opiniones y hasta critico muchas de sus actitudes como profesionales. Pero esta demanda judicial del Grupo Clarín, a mi manera de ver, es una flagrante violación de la libertad de opinión y de prensa.
El jueves, Clarín hizo la denuncia tras dichos públicos de funcionarios que señalaron que Clarín "atenta contra la democracia" y está "detrás" de supuestos boicots contra Cristina Kirchner. La presentación se suma a la realizada el pasado jueves por el Grupo ante la Corte Suprema de Justicia, en la que pidió que se disponga la extensión de la medida cautelar sobre la Ley de medios, que vence el 7 de diciembre.
La acción penal fue interpuesta por los abogados de Clarín a través de un escrito de 35 páginas en el que hizo referencia al supuesto delito de "incitación a la violencia colectiva" por parte de funcionarios como el ministro de Justicia, Julio Alak; el secretario de Legal y Técnica de Presidencia, Carlos Zannini, y el titular de la Afsca, Martín Sabbatella; y un grupo de periodistas de medios oficialistas.
Opino que el Grupo Clarín puede tener derecho de demandar a los funcionarios nacionales que con argumentos falaces y muy parciales -que a través de este medio una y otra vez denunciamos-. Pero me parece que está mal que se denuncie a periodistas por sus opiniones. Me parece que esta judicialización es una estrategia persecutoria y de censura flagrante.
Es lo mismo que hacen los funcionarios del gobierno cuando llevan ante la Justicia a los periodistas de los medios opositores, incluido los del Grupo Clarín; o utilizan los medios oficialistas y oficiosos para denunciar un supuesto complot golpista por parte de los medios del grupo y opositores, y personificar en los periodistas, conductores y animadores acusaciones injustificadas y difamatorias.
Es lamentable la escalada de acusaciones falsas y malintencionadas, y la clara incitación a la violencia y el faccionalismo por parte de ambos ex socios que cual divorcio litigioso se acusan de la forma más dañina posible. Muestra las miserias de uno y otro bando, y desnuda las intenciones de ambos que se alejan de la libertad de expresión y del derecho de los periodistas de trabajar, investigar y de opinar.
En medio de este clima enrarecido y plagado de mentiras han aumentado exponencialmente las agresiones a periodistas; las judicializaciones contra los hombres y las empresas de prensa; las medidas del Gobierno nacional y los gobiernos provinciales acotando el acceso a la información pública y a la posibilidad de que los funcionarios brinden conferencias de prensa o entrevistas a medios que no sean gubernamentales o afines. Todas cuestiones que olímpicamente ha omitido la Ley de Medios de "la democracia" y el organismo de "aplicación" de la misma, que ha puesto todas sus fuerzas en esta guerra sucia, en la que las que el gobierno y las corporaciones (tanto las que se le oponen o las que se colusionan con él) utilizan a los periodistas como infantería, escudos humanos y rehenes.
Quien me conoce y sabe mis opiniones personales sabe que no me une absolutamente nada con esos periodistas, con los que estoy en desacuerdo casi total con sus opiniones y hasta critico muchas de sus actitudes como profesionales. Pero esta demanda judicial del Grupo Clarín, a mi manera de ver, es una flagrante violación de la libertad de opinión y de prensa.
El jueves, Clarín hizo la denuncia tras dichos públicos de funcionarios que señalaron que Clarín "atenta contra la democracia" y está "detrás" de supuestos boicots contra Cristina Kirchner. La presentación se suma a la realizada el pasado jueves por el Grupo ante la Corte Suprema de Justicia, en la que pidió que se disponga la extensión de la medida cautelar sobre la Ley de medios, que vence el 7 de diciembre.
La acción penal fue interpuesta por los abogados de Clarín a través de un escrito de 35 páginas en el que hizo referencia al supuesto delito de "incitación a la violencia colectiva" por parte de funcionarios como el ministro de Justicia, Julio Alak; el secretario de Legal y Técnica de Presidencia, Carlos Zannini, y el titular de la Afsca, Martín Sabbatella; y un grupo de periodistas de medios oficialistas.
Opino que el Grupo Clarín puede tener derecho de demandar a los funcionarios nacionales que con argumentos falaces y muy parciales -que a través de este medio una y otra vez denunciamos-. Pero me parece que está mal que se denuncie a periodistas por sus opiniones. Me parece que esta judicialización es una estrategia persecutoria y de censura flagrante.
Es lo mismo que hacen los funcionarios del gobierno cuando llevan ante la Justicia a los periodistas de los medios opositores, incluido los del Grupo Clarín; o utilizan los medios oficialistas y oficiosos para denunciar un supuesto complot golpista por parte de los medios del grupo y opositores, y personificar en los periodistas, conductores y animadores acusaciones injustificadas y difamatorias.
Es lamentable la escalada de acusaciones falsas y malintencionadas, y la clara incitación a la violencia y el faccionalismo por parte de ambos ex socios que cual divorcio litigioso se acusan de la forma más dañina posible. Muestra las miserias de uno y otro bando, y desnuda las intenciones de ambos que se alejan de la libertad de expresión y del derecho de los periodistas de trabajar, investigar y de opinar.
En medio de este clima enrarecido y plagado de mentiras han aumentado exponencialmente las agresiones a periodistas; las judicializaciones contra los hombres y las empresas de prensa; las medidas del Gobierno nacional y los gobiernos provinciales acotando el acceso a la información pública y a la posibilidad de que los funcionarios brinden conferencias de prensa o entrevistas a medios que no sean gubernamentales o afines. Todas cuestiones que olímpicamente ha omitido la Ley de Medios de "la democracia" y el organismo de "aplicación" de la misma, que ha puesto todas sus fuerzas en esta guerra sucia, en la que las que el gobierno y las corporaciones (tanto las que se le oponen o las que se colusionan con él) utilizan a los periodistas como infantería, escudos humanos y rehenes.
Esto se lo dedico a los pelotuditos que twittean y copian consignas y las pegan en el muro del Facebook. Porque ninguno de ellos se solidarizó y cerraron bien el culo cuando la corresponsal de Clarín en Santa Cruz Adela Gómez denunció aprietes y amenazas -hasta le quemaron el coche-, cuando echaron a la periodista de Canal 7 Marcela Pacheco echada por sus opiniones y en huelga de hambre, cuando el senador Aníbal Fernández insulta a periodistas de medios opositores y hasta les hace denuncias penales por rebelar lo de su profugación en el baúl de un coche -y hasta lo festejan-, cuando una patota con miembros de la barra brava de Nueva Chicago en la Feria del Libro suspendieron a sillazos y empujones la presentación del libro del periodista Gustavo Noriega, cuando procesaron por supuesto espionaje a los periodistas Carlos Pagni, de La Nación, y Roberto García, de Perfil; cuando le hicieron un "juicio simbólico" -sin derecho a defensa, réplica o paelación- a la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú por su supuesto apoyo a la última dictadura militar -cuando fue la única periodista que públicamente pidió la reaparición con vida de Jacobo Timerman, cuando otros hacían guita de la mano de la Dictadura, e integró la Conadep, en medio de las amenazas, los bombazos y la incertidumbre de si los militares no volvían a recuperar el poder-.
Que les quede claro a los zurditos de cartulina que se creen militantes porque twittean, ponen en el muro de Facebook y copian y pegan en sus blog las consignas vacías, las chicanas de bar y los walpapers que otros arman, repudio la medida de los abogados de Clarín y me solidarizo con los colegas perseguidos. Del mismo modo que ellos cerraron el culo cuando agredieron, amenazaron, y procesaron a cientos de periodistas durante estos años.
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