Opinión

No estoy de acuerdo con el proyecto oficial de bajar la edad de voto habilitante para votar a los 16 años

Personalmente soy contrario al proyecto que impulsa el Gobierno nacional por dos motivos principales. En primer lugar, porque su motivación es estrictamente política y electoralista y, en segundo lugar, pero absolutamente concatenado con lo anterior, porque en su esencia no es una ampliación de la ciudadanía, sino más bien de un aspecto limitado y parcial de esa condición. 

La motivación política del proyecto que impulsa el oficialismo es evidente. No sólo se trata de un proyecto para nada original (ya hay proyectos más o menos similares propuestos por otras fuerzas políticas) ni de un plan inscrito en una plataforma política o de un proyecto político-institucional más a largo plazo. Responde más bien a la necesidad del Gobierno nacional de imponer la agenda de temas; dividir en el debate a las facciones más progresistas y más conservadoras de la oposición, y de la propia tropa; y, para algunos sectores más interesados en la Reforma Constitucional que habilite un tercer mandato de Cristina Fernández que la propia presidenta, la oportunidad de lograr más votos para el oficialismo en una franja etaria, que según algunos estudios de opinión pública, les podría aportar un interesante caudal de votantes.

Aparte de poner en la disyuntiva a algunos políticos progresistas de la oposición (al obligarlos a romper con el mandato partidario, introduciendo más diferencias entre las líneas internas), pone en un brete a los propios partidos opositores. Oponerse al proyecto frontalmente podría costarles caro si el proyecto se aprueba: los oficialistas podrán incluir en su artillería discursiva sus propios argumentos y recordárselos a los noveles votantes en las próximas elecciones.

Pero la mayor contradicción está en la esencia misma del proyecto; que nos retrotrae a una situación recientemente resuelta (vaya paradoja, durante el gobierno del ex presidente Nestor Kiercher) de una mayoría de edad en cuotas (cuando entre los 18 y los 21 los chicos mayores para ir a la cárcel, pero no para salir del país; años antes la Dictadura había decidido bajar la edad para citar a la colimba, o sea los chicos podían ir a la guerra, como pasó en Malvinas, pero no podían ejercer la mayoría de edad plena para los derechos civiles).

Si ir a extremos comparativos, es obvio que estamos bajo un gobierno democrático y no bajo la más feroz dictadura militar de la historia nacional, que en un país donde 1 de cada 2 pibes terminan la secundaria (de los que tienen la oportunidad de iniciarla); donde 1 de cada 3 pibes de menos de 18 es pobre y tiene las necesidades básicas insatisfechas (y quizás el único sustento lo recibe a través de la AUH que da el Gobierno); y expuesto la TV basura, a altas tasas de criminalidad y a la droga (que no conocen de clases sociales); se le quiera dar un derecho a medias (y con claras motivaciones políticas como fundamento casi único, porque es eso nada más) es una burla.

Si el Gobierno pretende darles derechos a los jóvenes de entre 16 y 18 años, podría empezar por garantizarles los del niño, que actualmente los ampara y están muy lejos de estar satisfechos. Pero si tiene una voluntad sincera de ampliar los derechos civiles  (si van a se "progres" en serio y no de cartulina),  el proyecto debería conceder la  mayoría de edad plena con todos los derechos y obligaciones. 

Porque si los jóvenes de entre 16 y 18 años tienen la capacidad plena para decidir el destino y futuro del país, también lo tendrán para asumir judicialmente sus responsabilidades penales, civiles y comerciales; lo mismo que podrán casarse, salir del país y constituir empresas libremente; podrán acceder también a espectáculos y consumos de adultos (cigarrillos, alcohol). 

Justamente el carácter optativo del voto es una forma de concesión que hace el proyecto oficial reconociendo que se trata de una ciudadanía semi-plena y parcial. El Estado confía en la madurez de nuestros jóvenes para algunas cosas y para otras no, lo que constituye una paradoja y una contradicción. Aparte hay una sobrevaloración del derecho de voto como si fuera la única forma de participación política (un cliché muy a la medida del electoralismo plebiscitario en que entiende el debate político el oficialismo, donde el determinate en última instancia es la cantidad de votos; no su calidad ni mucho menos la calidad del debate).