Papanatas
Mientras el “relato” del Ladriprogresismo marca el acuerdo con Chevron como un hito en la soberanía económica nacional y otras voces hablan de que esta es la peor estafa al pueblo argentino, y sigue la polémica sobre el pasado del recientemente designado titular del Ejército –al que ahora, la “opo”, los medios “monopólico-corporativos” y algunas organizaciones de DDHH, trabaron su ascenso en el Senado–; el escapismo natural está en hablar del Papa argentino y su gira brasileña. Las conmovedoras imágenes de la fe del pueblo brasileño –la gran mayoría de las veces genuina– y los gestos de un pontífice que es un excelente líder político y un genial relacionista público, que sabe predicar a través del ejemplo y la palabra ajustada al auditorio, sumados a una carisma natural; le ha dado en un cuatrimestre una auténtica lavada de cara a una desprestigiada y podrida Iglesia Católica. Los Papanatas de la Papamanía ocupan el centro del escenario, a sólo dos semanas de las Paso.
Pero desde que fuera designado el nuevo jefe del Ejército por La Jefa, empezaron a llover denuncias por su participación en la última dictadura y la represión genocida, que el propio Gobierno Nac&Pop admite conocer y, esta vez sin necesidad de un debido proceso judicial, ha desestimado. Para colmo el Gordito Golpista –el “esbirro” favorito de la Cadena Ilegal Nacional del Desánimo y de la “derecha destituyente”– dio a conocer para la opinión pública(da) el hueso de esas denuncias –que figuraba, por ejemplo, en el “Nunca Más” de la provincia de La Rioja como represor, las denuncias de presos políticos de la última dictadura y de familiares de desaparecidos, y un enriquecimiento brutal del militar que nos muestra que, al menos para él, sí hubo “década ganada” y que es un excelente general-. Luego se sumaron los organismos de DDHH y los partidos de izquierda no cooptados por el Ladriprogresismo; pero la cosa se complicó para el Gobierno cuando una de sus usinas ideológicas; el organismo dirigido por Horacio, El Periodista Oficial, dio otras de sus (in)explicables vueltas en el aire, y le pidió al Gobierno no sólo que no apruebe el ascenso del militar, sino que le solicite que dé un paso al costado.
La titular de Abuelas también se vio obligada a una desprolija pirueta discursiva, que nos hizo recordar a los primeros días cuando el Papa Argentino fue elegido por el Vaticano. Pero el organismo de Horacio aseguró haber obtenido “nuevas pruebas”: la desaparición de un conscripto, cuya acta de “deserción” está firmada por el propio jefe del ejército –cuando chupaban colimbas, solían poner que habían abandonado– y la denuncia del “Nunca Más” de La Rioja –escrito en 1985–, ratificada la semana pasada en la Justicia.
En ese escenario La Jefa ordenó a sus senadores huir del debate en Comisión, en los que estaban siendo masacrados por la “opo” que tiraba a discreción desde todos los ángulos, posponer el ascenso hasta fin de año; pero, de ninguna manera, dar un solo paso atrás y destituirlo. El “vamos por todo” sumado al “nunca menos” impide sobre todo tres cosas: reconocer un error –y, sobre todo, reconocerle un acierto a los contras–, dar una mala noticia –y, por lo tanto, poner en duda la infalibilidad del Ladriprogresismo–; y retroceder un solo paso –y demostrar debilidad en un esquema de Poder de amigo-enemigo–. La Jefa no sólo bancó a su general, sino que le pegó a los que se oponen a su designación. Es más, los acusó de ser los que siempre los acusaron en su “década ganada” de ser “perseguidores”, “vengativos” o “desaparecedores de las Fuerzas Armadas”, hoy son defensores de los derechos humanos. Los acusó de ser los que votaron Obediencia de Vida y Punto Final a los que ahora critican a su Gobierno del “respeto irrestricto de los DDHH”. Y subió la apuesta: su intención es incorporar a las Fuerzas Armadas “al proyecto político nacional, de integración latinoamericana y de crecimiento económico”. Y cerró diciendo que su general era víctima de un “linchamiento mediático” por un poder empresarial que sólo quiere hacerle daño al Gobierno que no los deja manejar a los políticos como a títeres.
Supongamos que la gente que se opone al Ladriprogresismo sea sólo esa –lamebotas y chupacirios que añora la última dictadura o marionetas de la Cadena Ilegal Nacional del Desánimo–: ¿Las denuncias son ciertas o son otro invento –verosímil– del Gordito Golpista? La Jefa sobre esto desmintió que a la Secretaría de DDHH del Gobierno Nacional haya llegado alguna “nueva información” y que su general tuvo tres ascensos. Lo que significa que sabían –y saben– todo. Y si bien es cierto que los sectores reaccionarios existen, los que se oponen al Gobierno Nac&Pop no son sólo fachos o estúpidos. Mucha gente que denuncia esta designación, no sólo militan en los DDHH, sino que su militancia muestra una coherencia de origen en el tiempo, que no puede demostrar La Jefa y la mayoría de su plantel político ni ante el más fanatizado de sus acólitos. O sea, la narración de los hechos que hace La Jefa, cuanto menos es segada y tiene mucha mala leche. Por último, que los Ladriprogresistas denuncien ahora un “linchamiento mediático” y que hay que esperar que la Justicia –a la que ellos tanto critican y acusan de antidemocrática– suena poco serio –suena a broma de mal gusto–. Ser militante Nac&Pop borra “las amarillas” al parecer –mismo “argumento” dicen ante las sospechas de corrupción, lo que nos hace recordar a las peores etapas del Riojanismo de los 90, etapa de la que casi todo el Ladriprogresismo, y en especial Él y Ella, fueron parte–.
Pero lo que más ruido nos hace es lo de “incorporar” las Fuerzas Armadas al Ladriprogresismo. El propio jefe del Ejército había jurado por el “modelo” –que nunca existió– nacional y popular cuando asumió. Luego de años de vuelta a la democracia, se rompe uno de los poco “acuerdos” implícitos que se habían logrado desde el 83 a la fecha: las Fuerzas Armadas están para cuidar las fronteras y no meterse en política. De las fronteras para adentro nada, nada de nada. Porque se sufrió mucho en la Argentina haberles permitido no sólo actuar en política, sino en inteligencia y seguridad interior –en este Blog somos críticos de mantener un Ejército tan grande en un país que no tiene política imperialista ni hipótesis de conflicto ni la menor voluntad de defender sus fronteras del narcotráfico y la trata de personas, porque tiene la utilidad de un peine de oro para un pelado, pero volviendo de la disgreción–. Podría hacerse un debate sobre la función del Ejército en un país de paz, pero que estén involucrados en la política interna y en un solo partido, es un quiebre importante desde el 83 a la fecha.
El acuerdo con Chevron: sin certezas
Desde el punto de vista económico, técnico, medioambiental e incluso de geopolítico, el acuerdo casi secreto con los Rockefeller deja muchas preguntas sin respuestas: ¿YPF necesita un socio como éste? ¿Por qué nadie habla de los riesgos del fracking? ¿Por qué fue por un decreto firmado entre gallos y medianoche? ¿Los beneficios para los inversores extranjeros son apropiados o exagerados? ¿Por qué la negociación directa y casi secreta? ¿Chevron es el mejor socio?
Algunos sectores hablan de que no es necesario –e incluso deseable– el capital extranjero en estas inversiones estratégicas –y mucho menos de EEUU–. Las dudas sobre el método de explotación ya las hemos expresado en este Blog varias veces. Sobre el decreto, nos preguntábamos la semana pasada por qué esta vez no hubo debate en el Congreso ni marchas y manifestaciones ni spots de radio y televisión ni cadenas nacionales como cuando la “estatización”. Y si hablamos de “seguridad jurídica” para los inversores externos: ¿qué mejor que poner una ley? Lo que el Estado resigna de cobros de derechos de exportación de petróleo va a ser de 100 millones de dólares al año por ejemplo -50 para YPF, 50 para Chevron–. Ese socio designado directamente tiene antencedentes tan interesantes como una caída de producción en sus áreas que explota en nuestro país –se trata de Huantraico (Neuquén), tercer yacimiento en importancia de la Argentina, que en los últimos seis años ha registrado una merma del 80% de su producción de gas y del 50% de petróleo– sin dejar en claro si se trata de agotamiento o falta de inversión.
Huantraico fue un área supuestamente de riesgo licitada en marco del Plan Houston en 1987. Muchos expertos se oponían a la entrega argumentando que no era un área de riesgo, sino la extensión de un yacimiento lindante de YPF llamado Filo Morado con altísima productividad. Las autoridades desoyeron las advertencias y la licitación fue ganada por la Petrolera San Jorge en una jornada escandalosa –el SUPE llegó tirando gamexane denunciando una entrega y un negociado–. Como se había señalado, el yacimiento comenzó a producir rápido y en grandes cantidades de petróleo y gas; es más aún en su declinación hoy en día es el tercero del país. Lo absorbió Cevron cuando compró la petrolera San Jorge en 1999 por un poco más de 1.000 millones de dólares, una ganga. La familia Priu, uno de los titulares de San Jorge, figura con 299 millones de dólares en la lista de capitales fugados del JP Morgan –los terceros–.
Esta historia es sólo una muestra de lo que ha caracterizado la política de recursos naturales impuesta en los 90 y continuada y profundizada por los Ladriprogresistas: el aumento del poder acumulado por las trasnacionales del sector, ajustándose a los objetivos trazados por estas; el incremento sostenido del precio de los hidrocarburos en el mercado interno –que se triplicó en el caso del gas–, la suba del precio de corte para exportación de petróleo y la reactivación de los programas de subsidios Gas Plus y Petróleo Plus. Estas decisiones apuntalan la opción por los hidrocarburos no convencionales como esperanza y salvaguarda frente a las crecientes importaciones de energía, ya que se ajustan a los elevados costos de explotación de estos yacimientos. Asimismo las provincias orientan sus políticas públicas hacia el robustecimiento y profundización del modelo monoproductor extractivo, como en los casos de la reforma del marco regulatorio chubutense y la construcción de la red de agua para provisión a las petroleras en Neuquén.
De lo que se conoce del tratado con Chevron, es importante destacar que a partir del quinto año de iniciado un proyecto con una inversión mínima de US$ 1000 millones, el 20% de lo extraído estará sujeto a cotización internacional, sea para la exportación o para el mercado interno. En el primer caso, se quitará todo gravamen aduanero y se permitirá la libre utilidad de divisas. En tanto, de no alcanzarse el autoabastecimiento, todo lo extraído será destinado al mercado interno y se compensará a la operadora con la diferencia. Esto replica las políticas de los años ’90 y centra la atención sobre el funcionamiento de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas a fin de que se garantice que no se especule con los plazos y cotizaciones de los hidrocarburos.
Como segundo punto, se crea la figura de Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos, habilitándose la creación de nuevas áreas. Este reordenamiento territorial no será competencia únicamente de las oficinas públicas sino que también se ajustará a las peticiones de las empresas inscriptas dentro del nuevo régimen. Esto crea mayor incertidumbre sobre la capacidad regulatoria del Estado por el grado de discrecionalidad y poder que tendrán las operadoras para modificar las áreas de acuerdo a sus intereses. Es particularmente preocupante que se habilite a las empresas a subdividir las áreas convencionales y se les adjudique directamente, sin licitación pública, lo que ellas definan como no convencionales por el plazo de 35 años. Otro de los interrogantes es cómo se fiscalizará la aplicación de los beneficios, ya que en la mayoría de las provincias la única información que maneja el Estado sobre los niveles de extracción de las operadoras surge de las declaraciones juradas presentadas por éstas.
Asimismo, las políticas públicas tomadas y las alianzas con diferentes compañías marcan un rumbo que nos aleja aún más de la soberanía hidrocarburífera. La trasnacional Chevron, celebrada socia, es prófuga de la Justica y el pueblo ecuatoriano por el desastre ambiental y social ocasionado en la Amazonía –aunque redimida por la Corte Suprema argentina, para alegría del Poder Ejecutivo–. Esta, junto con otras empresas norteamericanas, en los últimos tiempos ha sido una de las mayores beneficiaras de la política de promoción de no convencionales impulsadas por el Departamento de Estado de EEUU.
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