Semana 15

Y soltaron el elefante más grande...

Mientras el Ladriprogresismo trata de dar por cerrada la emergencia suscitada por la inundación de hace un par de semanas, con una insensata y ofensiva celebración, arroja a la arena política al elefante mayor: la reforma Nac&Pop de la Justicia. Bajo el rótulo de "democratización" el Caballo de Troya del Ladriprogresismo avanza tras las líneas de su nuevo enemigo público nro. 1: el Poder Judicial; listo para iniciar la destrucción de la ciudadela sitiada desde adentro. Después de cinco año de lucha contra la Cadena Nacional Ilegal del Desánimo, el Ladriprogresismo juega su mejor carta: la posibilidad de dar un golpe de Estado institucional con la mayoría simple de un Congreso convertido en mera escribanía del Gobierno que convirtió al Estado en su aparato de Gobierno. Para los bienintencionados que siguen el sebo de la "democratización" y de algunas, indudablemente, interesantes iniciativas del paquete de medidas anunciado por La Jefa a menos de una semana de la catástrofe natural que le costó la vida a, al menos, 60 argentinos; la diputada ultra-ultra Conti, en otra de sus boconedas, tuvo el sincericidio de reconocer que si tienen mayoría en dos poderes, les corresponde tenerla en los tres. Pero, ¿qué es lo que intentan tapar con tamaña insensatez, auténtica llave maestra del "vamos por todo", sino otra cosa que una economía que no supera la dependencia y el subdesarrollo, y que no sólo no crecerá este año, sino que, además, empieza a mostrar las inconsistencias de un "modelo" que nunca existió?

¡Qué difícil es que la economía argentina mantenga una senda de crecimiento mínimamente sostenible! Cuando no son desequilibrios macroeconómicos, son decisiones de política económica las que acaban erosionando la confianza de los propios argentinos y de los inversores internacionales en el país de forma recurrente. Las instituciones, factor esencial en la consecución de ritmos de avance en la prosperidad de las naciones, siguen adoleciendo de la suficiente calidad, de confianza por parte de los agentes económicos, aun cuando solo sea para dotar de credibilidad a las estadísticas económicas, como ocurre desde hace tiempo con la relativa a la variación de la inflación.

El principal exponente de esa inestabilidad en el crecimiento lo tenemos reciente. El pasado año, la tasa de expansión de la producción de bienes y servicios no alcanzó el 2%, mientras que en 2011 fue del 9%. El conjunto de América Latina, que también sufrió la desaceleración de la economía mundial, no registró una inflexión tan pronunciada: creció un punto y medio porcentual menos que en 2011, alcanzando el 2,6% de media regional. Es destacable la caída en la actividad manufacturera de febrero de este año. A pesar de ese magro crecimiento, la tasa de inflación según todas las estimaciones estuvo en torno al 26%, por encima del promedio de la región (6,5%). La posición de la competitividad exterior no ha dejado de deteriorarse, reflejándose en la reducción del superávit por cuenta corriente, de las reservas internacionales y en la continua depreciación del tipo de cambio.

La principal responsable de esta discontinuidad en el crecimiento económico argentino fue la inversión empresarial, que se contrajo casi un 5% el año pasado. Y es que las condiciones de estabilidad macroeconómica y regulatoria siguen siendo impropias de una economía que necesita asentar la confianza. Ni las limitaciones al libre comercio de mercancías, con obstáculos y barreras a la importación, ni limitaciones cambiarias favorecen esa mínima normalidad en la que asentar decisiones a largo plazo, como son las que llevan consigo la inversión empresarial, ya sea doméstica o externa. Además, Argentina sigue exhibiendo limitaciones propias de una economía subdesarrollada. A pesar de la retórica oficial, la recaudación fiscal media sigue siendo de las más bajas de América Latina. Eso no solo condiciona decisiones de distribución entre la población, sino que además imposibilita la disposición de un stock mínimo de capital público en el que asentar las decisiones de inversión privada y el crecimiento futuro.

El otro ámbito de las decisiones públicas donde las decisiones públicas ponen de manifiesto el cortoplacismo suicida es en la política energética; donde la negación de la crisis energética, por considerarla electoralmente riesgosa, llevó a una política insensata y donde el Estado jamás se dispuso a cambiar el esquema productivo depredador de las riquezas naturales del país entregadas a las transnacionales.  El caso de la expropiación de YPF, es un buen ejemplo de la arbitraria política Nac&Pop. La “nacionalización” no tiene su origen en los incumplimientos del grupo español en sus compromisos de inversión, sino en la necesidad del Gobierno argentino de contar con un grupo empresarial en el que cargar los costos de la crisis energética, que utiliza los precios de la energía como un elemento político. La YPF argentina pagará la factura de mantener artificialmente bajos los precios de los combustibles, y probablemente acabará arruinada en ese intento.

El 16 de abril se cumplirá un año desde aquel lunes por la mañana en que el Gobierno obligó a varios directivos españoles a salir de la sede porteña de YPF en cuestión de horas. La mayoría de los argentinos apoyó en las encuestas la expropiación. Y casi toda la oposición votó a favor. YPF era algo más que la mayor empresa del país. Desde sus inicios en 1922 se había ido impregnando de una carga sentimental, emblemática y nacionalista. El Gobierno recordó que Argentina dejaría de ser el único país de Latinoamérica que carecía de una empresa estatal para explotar sus recursos petroleros. Ahora, sólo quedaba explotar el gran tesoro de Vaca Muerta. Se busca alguien dispuesto a desembolsar 7.440 millones de dólares entre 2013 y 2017 en el yacimiento de gas no convencional situado en Neuquén. A cambio, el inversor obtendrá durante varias décadas cuantiosos beneficios procedentes de la tercera mayor reserva mundial de gas no convencional, también llamado gas de esquisto. 

El Ejecutivo contrató en mayo de 2012 a un nuevo gerente, quien presentó en agosto un plan estratégico que contempla conseguir el pleno rendimiento de Vaca Muerta en sólo cinco años con una inversión –y aquí está el problema- de 37.200 millones de dólares. El 70% de ese dinero se financiaría con la caja de YPF, el 18% con emisiones de deuda y el 12% con capital extranjero, o sea, con los 7.440 millones de dólares citados. Si el plan alcanzara su objetivo –y aún no ha renunciado a él- conseguiría revertir el déficit energético que padece el país, la gran losa de los 10.000 millones de dólares que cada año se van en importar energía. Solucionaría uno de los grandes males que padece Argentina.

De lo que nadie se anima a hablar es del precio que el Estado deberá pagar tarde o temprano a Repsol. La actualidad es acuciante y eso parece quedar demasiado lejos. Pero la compañía continúa exigiendo al Gobierno 10.500 millones de dólares por la “confiscación” de sus bienes. El órgano ante el cual se dirime el litigio es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial. Cada una de las partes ha elegido ya a un árbitro y los árbitros designarán a un tercero para que actúe como presidente del tribunal. El juicio puede prolongarse varios años. A Repsol no le conviene alargarlo y a YPF tampoco, porque las denuncias ahuyentan a los inversores. De momento, Repsol ha demandado ya a Chevron en juzgados de Madrid y Nueva York. Y está dispuesta a seguir denunciando cualquier acuerdo que se firme con “representantes ilegítimos de YPF”.

Con el fin de alcanzar el acuerdo, La Jefa invitó a la Casa Rosada el lunes 25 de febrero al presidente de Caixabank, empresa mayoritaria en el accionariado de Repsol, quien escuchó la oferta y regresó a España el mismo día. Esa misma semana, desde YPF se aseguró a distintos medios que el acuerdo era inminente, que lo único que podría impedirlo era la negativa del presidente de Repsol. La oferta consistía básicamente en ofrecerle a Repsol el pago de unos 6.000 millones de dólares y participaciones en la explotación de una parte de Vaca Muerta, con la condición de que Repsol retirase todas sus demandas e invirtiera lo cobrado en el país. La cúpula de Repsol se negó a suscribir tal acuerdo y se quedó con la idea de que el Gobierno debía estar muy desesperado para filtrar un supuesto entendimiento que resultó abocado al fracaso.

La idea de que el Gobierno Nac&Pop da manotazos de desesperado y su economía está al borde del precipicio es muy recurrente entre los más críticos. Y siempre hay datos a mano para aquellos que la esgrimen: el dólar, la moneda con la que muchos argentinos ahorran, cuesta oficialmente unos cinco pesos, pero en el mercado paralelo ya ha superado la barrera de los ocho. El PBI en 2011 creció un 8,9%, pero en 12 meses cayó, cayó y cayó hasta registrar un crecimiento de sólo el 2%. El pasado febrero, el FMI emitió su primera declaración de censura contra un país por manipular sus estadísticas. Y el país era Argentina. La inflación oficial ronda el 10% y la extraoficial el 25%. Y es sobre esta última la que se negocian los convenios salariales. El FMI puso como fecha límite el 29 de septiembre para que arregle la falta de precisión de sus indicadores.

Para no tener que endeudarse en los mercados internacionales, donde las tasas de interés serían altísimas para Argentina, el Gobierno necesita mantener un superávit comercial de unos 10.000 millones de dólares, equivalente al déficit energético. Hay hambre de dólares y esa necesidad llevó al Gobierno a imponer en el último año restricciones cambiarias que afectan tanto a las empresas como a los ciudadanos. Las compañías extranjeras no pueden enviar sus beneficios a sus casas matrices en el país de origen y tienen restringida su capacidad de compra de divisas para pagar importaciones. Los ciudadanos han visto cercenado su acceso a los dólares oficiales para ahorrar o comprar inmuebles, algo hasta ahora habitual en la clase media. Y también se ha restringido la compra de divisas para viajar al exterior.

Las noticias que presagian un futuro aciago no cesan: el Gobierno consiguió recuperar la fragata escuela Libertad, después de dos meses retenida en Ghana, pero hay varios fondos buitres que siguen reclamando en los tribunales estadounidenses una cifra parecida a la que exige Repsol por YPF: 11.000 millones de dólares. Para evitar más confiscaciones como la de la fragata, La Jefa tuvo que dejar en Marruecos el avión presidencial argentino, el Tango 01, y después alquilar otro privado para acudir al nombramiento del papa Francisco en Roma.

Más datos agoreros: Las compras de combustibles en el exterior crecieron un 52% en los primeros dos meses de 2013 respecto al mismo periodo de 2012. Y a eso hay que añadir que, a causa de las inundaciones que se registraron en La Plata la semana pasada, se incendió una planta de la mayor refinería de YPF, con lo que obligará a la empresa a importar un 6% más de combustible. O sea, a pagar unos mil millones de dólares más.

Y otro dato para alimento de catastrofistas: la brasileña Vale, la segunda minera mayor del mundo, abandonó el pasado marzo lo que se consideraba el mayor emprendimiento del país, la explotación de una mina de potasio en la provincia de Mendoza, con unas inversiones previstas de 6.000 millones de dólares. Vale solicitó del Estado un aporte de 3.000 millones de dólares en los próximos dos años para compensar los aumentos de costes debido a la inflación y los desajustes en el tipo de cambio oficial, según publicó La Nación. Como el Gobierno se negó a dárselos, Vale abandonó el proyecto y dejó sin empleo a más de 4.000 personas.

La inflación sigue marcando el presente y el futuro del país, aunque la presidenta se resiste a mencionarla. El pasado 1 de marzo, durante el discurso de apertura del año legislativo, La Jefa habló en el Congreso a lo largo de tres horas y cuarenta minutos. Desgranó los logros de su Gobierno, mencionó 25 veces la palabra crecimiento y en 22 ocasiones desarrollo. En total, pronunció 25.907 palabras. Y ninguna de ellas fue inflación. Pero el fantasma sigue ahí. El Gobierno intenta combatirlo a su manera. Y su manera es la del supersecretario Willy Polémico, mucho más influyente que el ministro de Economía, el mudo Lorenzino.

A principios de febrero Willy Polémico reunió en su despacho a los principales empresarios de supermercados y les arrancó el compromiso de que congelarían los precios durante dos meses, hasta el 1 de abril. La decisión afectó también a las principales cadenas de electrodomésticos. Varios líderes sindicales vieron en la medida una maniobra burda para frenar la inflación en el periodo en que se negocian los convenios, para evitar incrementos del 25% en los salarios. Advirtieron que el 1 de abril los precios volverían a subir como si brotaran de una olla a presión. Pero el 1 de abril llegó y lo que sucedió es que el supersecretario consiguió que los supermercados prolongaran el acuerdo otros dos meses.

Willy Polémico fue también el que, sin aviso previo, impulsó el pasado miércoles un tope máximo en el precio de los combustibles que regirá durante los próximos meses. Es decir, hasta octubre, cuando se celebrarán unas elecciones legislativas cuyo resultado será clave para determinar el futuro político del Ladriprogresismo.

De paso, el supersecretario consiguió un efecto demoledor sobre los principales enemigos mediáticos del Gobierno. Los diarios Clarín y La Nación y el bisemanario Perfil, han denunciado que bajo la excusa del congelamiento de precios Willy Polémico obligó a las cadenas de supermercado a retirar su publicidad, con lo cual han perdido en apenas dos meses más de un 15% de sus ingresos publicitarios. La libertad de prensa es un gran valor, pero ningún empresario quiere arriesgar su capital por defenderla. Y mientras tanto, el Gobierno impone su visión de la realidad. La inflación no la mencionan. Y sobre el incendio de la refinería de La Plata apenas dijeron nada. Si YPF hubiera estado en manos de Repsol, todo el Gobierno se habría lanzado a pedir explicaciones sobre cómo no se tomaron medidas para evitar ese incendio”.

Sin financiamiento externo y con las limitaciones del crédito interno, el Gobierno deberá aumentar la presión impositiva o emitir -descuidando el frente inflacionario- para solventar un mayor gasto. Asimismo, las provincias deberán conseguir una mayor asistencia del Tesoro o subir nuevamente los impuestos. En cualquier de los casos se espera una mayor disputa intra-sector público y/o presión impositiva (incluido el financiamiento con emisión).

¿Cuando llega la recuperación? A fines de año pasado esperábamos para 2013 una recuperación de la economía argentina basada principalmente en la mejora de factores exógenos (cosecha agrícola, recuperación de Brasil y menores vencimientos de deuda). Sin embargo, alertábamos que el repunte iba a ser acotado, especialmente en cuanto a la creación de empleo.

Este escenario sigue siendo el más probable, pero en los últimos meses el riesgo de repetir una performance más parecida a la de 2012 -estancamiento- ha crecido. Si bien los factores exógenos mencionados siguen jugando favorablemente, no lucen tan brillantes como se esperaba. La cosecha de soja estaría cerrando por debajo de las 50 millones de toneladas y su precio es inferior al previsto. Además, las perspectivas de crecimiento de Brasil son algo más acotadas (en torno del 3%).

© carlitosber.blogspot.com.ar, Abril 14 MMXIII
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