Megaminería (2da. parte)

La Megaminería en Sudamérica 
Segunda Parte: El ingreso a una etapa de expansión del capital por desposesión o despojo

El caso de la Ley de Glaciares y el veto de la Barrick Gold

En el 2008 fue sancionado en el congreso nacional la ley en defensa de los glaciares, impulsado por el entonces diputado opositor Miguel Bonasso y vetada luego por la presidenta Cristina F. de Kirchner, por considerar “excesivo” prohibir la actividad minera y petrolera en los glaciares.

El debate posterior estuvo marcado por las denuncias de organizaciones ambientalistas sobre los nexos entre las compañías mineras y funcionarios del Gobierno. En particular, los encuentros que la Presidenta mantuvo -antes y después del veto- con los máximos ejecutivos de la canadiense Barrick Gold, que explota en San Juan los yacimientos de Veladero y Pascua Lama.

En septiembre del 2010, en maratónica y dividida sesión se sancionó la “ley 26.639” más restrictivas que la anterior vetada, bajo el texto de “presupuestos mínimos para la protección de glaciares y ambiente periglacial”. 

La actual ley, consta de 19 artículos destacándose la creación de un inventario para individualizar los glaciares y de registro sobre las dimensiones, avances y retrocesos de los ríos de hielo, así como el aporte que hacen al caudal de las cuencas en las que se encuentran. Además de prohibir las actividades contaminantes en los cuerpos de agua y hielo -y sus zonas aledañas- y establece que el Inventario Nacional de Glaciares debe ser realizado por el Instituto Argentino de Niveología, Glaciología y Ciencias Ambientales (LANIGLIA), que depende del Conicet. Este mismo instituto debía comenzar en noviembre del 2010, presentándose el informe en un plazo no mayor de 180 días, situación que no cumplió nunca. 

El martes 2 de julio de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, dejó sin efecto las medidas cautelares que había sido dictada por la justicia de la Provincia de San Juan, luego de ser sancionada la ley en defensa de los Glaciares andinos por el congreso nacional el 30 de septiembre del 2010. Las medidas tomadas por la justicia sanjuaninas e inducidas por al actual Gobernador José Luis Gioga, fueron presentadas por las empresas Barrick Exploraciones Argentina SA y Exploraciones Mineras Argentinas SA, así como también por sindicato Asociación Obrera Minera Argentina.

Desde su sanción, de hecho, nunca se promulgó por parte de la Presidencia de la Nación sino a través de vencerse el plazo legal, es decir, el 28 de Octubre del 2010. Cuando se reglamentó (4 meses después), la presidenta anunció en Casa de Olivos la entrega de $ 3.402.900 a LANIGLIA, llegando los mismos con retraso de 8 meses, según fuentes de unos de los diarios de Buenos Aires. El director del LANIGLIA, Ricardo Villalba, aclaró al matutino que “No puedo a enviar a mis técnicos a donde son personas no gratas”, en relación con las provincias mineras que rechazan la ley. En los yacimientos, por convenios estatales, las fuerzas de seguridad reciben su sueldo de las mineras. “Los lugares conflictivos deberán esperar”, completó Villalba. 

Sin ese inventario no se pueden establecer las actividades prohibidas, ni controlar las que se encuentren en ejecución. En otras palabras, sin ese inventario, el veto presidencial sigue vigente. 

Respecto a la presentación judicial por parte del sindicato minero acompañando al de las empresas expresó en su momento el abogado de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Javier Cámpora, reconociendo que el mismo gobernador Sanjuanino, Gioga, “nos pidió esto, que no lo dejáramos solo, porque entiende que éste no es un tema de la industria minera, sino de todos los sanjuaninos“, señaló el patrocinante del sindicato. 

La medida cautelar suspendía los efectos de la norma hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolviese el tema de fondo y se expidiera sobre su supuesta inconstitucionalidad precisó, Jaime Bergé, presidente de la Cámara Minera de San Juan. Aseguró que su sector iría a “pelear hasta las últimas consecuencias” porque consideraba que la Nación “no puede legislar sobre los recursos naturales, sobre los que la provincia tiene potestad absoluta”, arguyendo que “San Juan tiene una ley de protección de glaciares, han sido evaluados los proyectos mineros, y están todos los glaciares de San Juan relevados y en un mapa”, precisó el directivo minero. En ese sentido, insistió en que la provincia ha hecho “los deberes y por lo tanto la Nación no tiene por qué legislar sobre algo que no le corresponde”. Bergé dijo en esa oportunidad que esperaría que la Corte Suprema defina sobre el pedido de inconstitucionalidad formulado en la presentación judicial ingresada en esos momentos. 

Algunos organismos ambientalistas y de ONG’s se levantaron entes los dichos del presidente de la Cámara de minería de San Juan ya que por tratarse “de una arbitrariedad ya que la ley nacional tiene preponderancia sobre la ley provincial, ese es el principio constitucional de las leyes de presupuestos mínimos“. Juan Carlos Villalonga, director de Campañas la filial local de la ONG, apuntó en esos días que “estos sectores se han auto incriminado, si fuese cierto que no hay impactos de sus actividades en áreas de glaciares no estarían pidiendo la suspensión de la ley“. 

El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Santiago Petracchi y Juan Carlos Maqueda, consideró que la cautelar del juzgado de San Juan “no aparece como un remedio proporcionado a la naturaleza y relevancia de la hipotética ilegitimidad que se denuncia“.

“Ello es así, no sólo por la falta de adecuación entre la violación constitucional alegada y las consecuencias de la medida dispuesta, sino también porque, en la tarea de ponderación, el juez debió haber tenido en cuenta que una cautelar que suspende la vigencia de la parte esencial de la ley 26.639 tiene una significativa incidencia sobre el principio constitucional de división de poderes“, añadió.

La reprimarización de la economía sudamericana en el siglo XXI

El extractivismo no es una novedad en la región. Sino que el carácter dependiente del desarrollo económico sudamericano se extiende desde la propia colonización europea. El atraso de la estructura productiva y la deformación de la estructura social se articulan con la profundización y redefinición de la relación de dependencia respecto de los países más desarrollados. Es sin embargo en la etapa del capital monopolista -conocida como la era del neoimperialismo decimonónico por la historiografía tradicional- cuando la especialización en la producción de materias primas, de acuerdo a las ventajas comparativas naturales, que el imperialismo provocó un tipo de desarrollo suis generis propio del capitalismo dependiente (Pucciarelli 1986: 25-26).

Durante esta época las naciones sudamericanas se constituyeron como Estados-nación con elites fascinadas con los modelos institucionales y culturales europeos e íntimamente relacionadas con el capital monopolista, acomodando las producciones nacionales a los requerimientos de materias primas industriales o de alimentos refinados de las metrópolis y representando sus intereses. Esta estrategia de desarrollo hacia afuera entró en crisis entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial -si se le quiere dar una fecha específica, se la puede establecer en el Crack financiero de 1929 y la Depresión económica mundial que generó-. Algunos países tomaron estrategias conocidas como la Industrialización por Sustitución de Importaciones, otros intentaron especializarse en nuevas materias primas en un marco de constante deterioro de los términos de intercambio tradicionales. 

Esta búsqueda de alternativas -que no casualmente se relacionan en lo político con los regímenes llamados populistas- se relacionó por la búsqueda también de una estrategia de desarrollo hacia adentro. En tal sentido, otra consecuencia de este proceso es que el deterioro de las estrategias tradicionales de acumulación, el descrédito de las elites nacionales y la politización de las masas populares, produjo una gran efervescencia social y regional, que en el contexto de la Guerra Fría derivó en la intervención directa de Estados Unidos a través de dictaduras militares muy represivas en los 70 que impusieron fuertes reformas neoliberales, que en la mayoría de los casos produjeron una larga crisis económica durante la década siguiente que llegó a conocerse como la “década perdida”.

En los 90, el Imperialismo norteamericano volvió a redefinir política y económicamente la región imponiendo y apoyando regímenes formalmente democráticos que aplicaron a rajatabla las reformas neoliberales iniciando una etapa de privilegio del capital financiero y de fuerte ajuste de los gastos sociales. En el plano de los sistemas productivos, se introdujo una fuerte reprimarización de las economías de la región en un contexto de suba de los precios de los commodities: de los combustibles por la crisis del petróleo y por la falta de hallazgos de nuevas reservas; de los productos agropecuarios por la crisis de superpoblación que se anuncia; y de los minerales por el aumento indiscriminado del consumismo tecnológico y militar -y a partir de 2008, a consecuencia del clima de crisis económica mundial, por su carácter de medios de resguardo de valor-.

A principios de la actual década, algunos países abandonaron las fórmulas neoliberales atacando los privilegios del sector financiero, legislando políticas de inclusión social de los sectores excluidos e independizando, discursivamente, la política internacional respecto de la de Estados Unidos. A pesar de ello, tanto en estos regímenes llamados “neopopulistas” como en los que mantuvieron la ortodoxia neoliberal se profundizó y generalizó el modelo extractivo-exportador basado de la explotación de recursos naturales necesarios para alimentar en nivel de consumo sostenido y el modelo de acumulación vigente en los países centrales. La megaminería, los agronegocios, la construcción de represas, el aumento de la extracción de gas y petróleo ilustran el estado de la división internacional del trabajo en el capitalismo actual (Savampa y Antonelli 2009 : 31-32).

“El tema no es menor porque si bien (…) lejos estamos de cualquier tipo de modelo de desarrollo nacional, esto no ha sido impedimento para que el Estado [argentino] asumiera una narrativa desarrollista, en consonancia con las grandes empresas trasnacionales (…) Claro que esta narrativa desarrollista no es exclusiva de la Argentina. En efecto, en los últimos años, la expansión vertiginosa del modelo extractivo-exportador, el modelo de los agronegocios y los grandes proyectos de infraestructura de la cartera del IIRSA han traído consigo una suerte de ilusión desarrollista, habida cuenta de que, a diferencia de los años 90, las economías se han visto favorecidas por los altos precios internacionales de los productos primarios (…) La eficacia de esta narrativa puesta al servicio del desarrollo no puede ser desestimada, muy especialmente luego del largo periodo de estancamiento y regresión económica de las últimas décadas” (Svampa y Antonelli 2009 : 17-18)

La reprimarización de la economía y la división del trabajo internacional coloca en el eje de conflicto la disputa por el territorio y los recursos naturales, donde las poblaciones pobres se encuentran debilitadas ante el poder de lobby de las trasnacionales y la coyuntura económica favorable por la que los gobiernos han relegado las discusiones sobre otros modelos de desarrollo posible.

De esta manera se invisibilizan las voces del “no a la mina” -o del “no a los cultivos transgénicos” o del “no a las pasteras”- y sólo se convierten en noticiables cuando radicalizan la protesta, exponiéndose a la acusación de orillar el “terrorismo ecológico”. Al mismo tiempo que el Estado promueve una minería que promete un “desarrollo sustentable” en el marco de “sostenibilidad ambiental y social”, la generación de “empleo genuino”, y el “desarrollo” de las regiones donde no hay posibilidad de llevar a cabo otras actividades o que, en el peor de los casos, son “sacrificables”.

“De ahí que tales conflictos se presenten ante todo como luchas por el territorio: surgen de formas contradictorias de comprender, vivir y producir el espacio habitado. Estos antagonismos se expresan emblemáticamente como una dialéctica entre horizontalidades y verticalidades. Mientras que las primeras expresan las sociabilidades de un territorio concebido como espacio local, estructurado como base de una vida en común cuyas raíces se remontan a tiempos pretéritos, un espacio constituido como flujo de relaciones de vecindad y contigüidad; las verticalidades suponen una lógica espacial que axiomatiza el territorio como vector de competitividad, espacios inertes, que sólo cobran valor en la medida de su capacidad para captar inversiones” (Svampa y Antonelli 2009: 222).

Cuando la invisibilización no alcanza, los movimientos sociales contra la Megaminería deben enfrentar a la represión, la censura y la persecución:

- en San Juan (Argentina) fueron baleados los periodistas Antonio Da Silva y Hugo Naranjo en marzo y febrero de 2006 por hacer denuncias contra la minera canadiense Barrick Gold; se interfieren señales de radio y TV cuando se pasan programas que hacen denuncias contra la Megaminería, en 2007 se la legislatura provincial promulgó un código contravencional que condena con 30 días de cárcel o trabajos forzados a quienes difundan en lugares públicos desastres, infortunios o peligros, en 2010 denuncias periodísticas revelaron que la Barrick contrató al genocida Rubén Bufano para su seguridad privada;

- en La Rioja (Argentina) funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y empleados de la minera Barrick Gold agredieron a mujeres que se acercaron a protestar en el yacimiento Famatina en abril de 2009; - en Catamarca (Argentina) la policía local y la gendarmería nacional reprimieron duramente a pobladores de la localidad de Adalgalá que bloqueaban el camino a la mina Agua Rica en febrero de 2010;

- en Mendoza (Argentina) el Concejo Deliberante de Malargüe sancionó una ordenanza que obliga a informar al ejecutivo comunal y al cuerpo de ediles el contenido y los fines de cualquier reunión pública sobre el Proyecto Potasio Río Colorado; 

- en La Rioja (Argentina), el gobernador Beber Herrera reprimió y hostilizó a las poblaciones de Famatina y Chilecito que se opusieron a la instalación de una mina de cobre y oro en el Cerro Famatina y que se manifiestan desde febrero de 2012 bloqueando los pasos al lugar de la explotación (piquetes que se mantienen hasta la fecha). Cuando se solidarizaron poblaciones de Catamarca, de la zona de Andalgalá, además de la represión policial, la ciudad fue sitiada por una patota pro-minería que no dejó ingresar y agredió a periodistas de medios no oficialistas, políticos opositores, ambientalistas y todo sospechoso de estar en contra de la megaminería.

- en Anchash (Perú) el estudiante José Manuel Gastromonte y el minero Guillermo Tolentino Abar fueron asesinados por la policía de Hauyllapampa en mayo de 2006 por reclamar mejoras salariales para los trabajadores de la mina Pierina, meses después se denunció que la empresa de seguridad de la explotación de la Barrik empleaba 30 represores de la época de Fuyimori; el joven Marvin González Castillo fue asesinado en esa misma localidad por protestar contra la minera en 2007; 

- en Cajamarca (Perú) las campesinos que protestaban contra la mina Cajamarca soportaron la presiones y persecuciones de un grupo paramilitar pagado por la Barrick, que fue denunciado por el padre Marco Arana en 2004; 

- en Puno (Perú) el gobierno se vio obligado a suspender la licencia de la minera canadiense Bear Creek porque la policía y la seguridad privada de la compañía mataron a balazos a seis manifestantes de una movilización campesina en junio de 2011.

Días antes de la represión de Andalgalá de 2010, el intendente local José Perea anunció que “si es necesario matar a los que están en el corte contra Agua Rica, habrá que matarlos”. Y encabezó una marcha a favor de la Megaminería que no reunió ni mil personas. La marcha del 15 de febrero de 2010 contra Agua Rica reunió más de 6 mil personas en cambio. Luego de la represión, Perea afirmó que su pueblo había sido infiltrado por “hippies y comunistas”. En Buenos Aires, la presidenta argentina Cristina Fernández se expresó en el mismo sentido: “los soldados verdes que cuestionan la minería, usan auto, reloj y celular fabricados con minerales metalíferos” (Bonasso 2011 : 309-311). Esto pone en evidencia que la influencia que ejercen las multinacionales incluye el uso a discreción del aparato de coerción Estatal.

El corte de la zona del Famatina, desde febrero de 2012, reavivó el debate sobre la minería en Argentina y desnudó la posición del oficialismo. El 27 de enero de 2012 el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, comparó a Adolf Hitler con los manifestantes de Famatina. "Lo que es idelógico yo no lo puedo defender. Hitler prefería que el perro de la señora rubia que vivía en su departamento viviera mejor que el negro que estaba en la vereda, abajo de un árbol y que no tenía nada que comer porque no le interesaba esa otra persona. Le interesaba esa otra clase, que disfrutara de los beneficios", sostuvo. Poco después, el 11 de febrero la presidenta Fernández montó durante una cadena nacional una bochornosa parodia, donde un supuesto trabajador minero elegido al azar defendió la megaminería y acusó a los reclamos de los pobladores de estar motivados. "Nosotros lamentamos mucho eso porque repercute. En realidad los trabajadores mineros queremos trabajar en paz. que nos dejen trabajar. Solamente eso pedimos y no que cuatro o cinco pseudoambientalistas nos costen la ruta", dijo el trabajador entre sonrisas cómplices de la presidenta y los aplausos de sus funcionarios. El supuesto minero era Armando Domínguez, ex vicepresidente del PJ de Olavarría, secretario general de AOMA (sindicato minero encuadrado en la CGT) de esa localidad bonaerense.

El 29 de marzo, al inaugurarse una mina subterránea en San Julián (Santa Cruz) la propia Fernández se hizo cargo de decir ella misma lo que opina y aseguró que "es imposible prescindir de la minería", al tiempo que aclaró a "las corporaciones" que se dedican a la explotación minera en el país tienen que saber que "no hay cambios en las reglas de juego" para esa actividad. El 15 de mayo, el gobernador de La Rioja pidió "meter presos" a los asambleístas que protestan contra la minería desde enero de 2012. Se refirió a ellos como "violentos hippies", y afirmó que, de esa manera, "se terminarían" las manifestaciones.

© carlitosber.blogspot.com.ar, Agosto 12 MMXIV
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