No
discutimos la Reforma en sí, que es absolutamente necesaria. Como dice la
presidenta Fernández, es “imposible resolver los problemas del siglo XXI con
textos del siglo XIX, porque no tiene absolutamente nada que ver con lo que
está pasando”.
El nuevo
Código garantiza derechos civiles con una legislación realmente de avanzada. Por
ejemplo: que los integrantes de un
matrimonio de mismo sexo reciban igual tratamiento sobre sus derechos que las
parejas heterosexuales; que los contrayentes puedan acordar mantener separados
sus bienes a través de contratos prenupciales; que se garanticen los derechos
de asistencia y protección de la vivienda para parejas que convivan dos o más
años; etc.
Otro aspecto
positivo de la Reforma, es que el Gobierno trabajó con una “comisión de
notables” –juristas, asociaciones profesionales y ONGs–, como ha remarcado la
mandataria, a diferencia del vigente que fue sancionado “a instancias del (ex
presidente) Bartolomé Mitre, el Código Civil que rige en la actualidad fue
aprobado a libro cerrado”.
El anteproyecto
realizado por la comisión fue analizado por el Poder Ejecutivo y sufrió varias
modificaciones antes de ser enviado formalmente al Congreso. La introducción de
la pesificación de contratos y de la licuación de la responsabilidad civil del
Estado son los cambios más polémicos que le hizo el Gobierno para la prensa
opositora al Gobierno y para la oposición.
Pero la el
lampazo oficial no se quedó ahí. Las modificaciones –adjudicadas a la pluma del
secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, bajo supervisión de la
Presidenta– se cuenta la eliminación lisa y llana de un artículo (que en el
anteproyecto llevaba el número 241) que reconocía como “derecho fundamental” el
acceso al agua potable y obligaba al Estado a garantizarlo a “todos los
habitantes”.
También
existe una poda completa de la sección reservada por la comisión que encabezó
el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, para la tipificación de “los daños
a los derechos de incidencia colectiva”. En el texto ahora borrado se
consideraba legítimados para accionar a ONGs, el Defensores del Pueblo de la
Nación o sus pares locales, fiscales judiciales y grupos de ciudadanos que
muestren “interés relevante”.
Cabe
remarcar que los derechos colectivos tienen jerarquía constitucional a partir
de la reforma de 1994, en la que Cristina Kirchner tuvo una actuación relevante
como secretaria del bloque peronista.
Por otra
parte, la Reforma Constitución del 94 introdujo entre los pactos
internacionales con jerarquía constitucional el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (ONU, 1966), que en su Artículo 2 garantiza
el derecho a la salud que en la Observación General Nro. 15 sostiene que el
derecho natural al agua potable como precondición para asegurar la
supervivencia.
El pacto de coloniaje del Gobierno Nacional con las transnacionales mineras es tan fuerte
que se arriesga a arruinar una propuesta que tiene muchísimos aspectos
positivos. Pero la mentalidad de colonia de nuestros gobernantes es más fuerte.
Les han
redactado un Código Minero –la última reforma es de 2004– y un marco impositivo
que le garantiza al sector minero ganancias extraordinarias. Han silenciado o
reprimido a los movimientos sociales que han tratado de oponerse al despojo. Y
ahora les quieren garantizar –y garantizarse a ellos mismos– la impunidad.
No sólo el
Gobierno se deslinda sobre las consecuencias ambientales que más preocupan a
los pobladores de zonas donde escasea el recurso, sino que tampoco puedan
accionar en forma conjunta contra el Estado o contra las corporaciones
extranjeras por los pasivos ambientales.
Pero el
doble discurso del Gobierno no se queda ahí. Con una actitud cínica la
presidenta Fernández se leva al paroxismo cuando vemos su agenda oficial para
el viaje que ha realizado a Nueva York: hoy expondrá ante el Comité de
Descolonización y la Asamblea General de la ONU la reivindicación sobre la
soberanía de las Islas Malvinas de nuestro país; y mañana se reunirá –como hace
infaltablemente cada vez que está en la “Gran Manzana”– con el Council Of The
Americas, una organización de promoción de inversiones y libre marcado –presidida
por David Rockefeller– formada por transnacionales que operan en América Latina
y todo el hemisferio occidental.
Uno de los
miembros élite de esta organización es nada más ni nada menos que Barrick Gold
Corporation –cada vez que se reúne Cristina con el Council, siempre hay una
reunión especial con Peter Munk–. Pero hay otras transnacionales en el Council
que también festejarán estas reformas del Código Civil: Bridas
Corporation (petrolera a la que le renovaron por decreto las concesiones de
explotación de pozos en 2007 por 40 años), Cargill y Monsanto Company (transgénicos y agrotóxicos); Chevron
Corporation; Exxon Mobil Corporation (con quienes quieren hacer negocios en YPF);
Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras);
Pluspetrol; Shell International EP, entre otras.
No hay comentarios:
Publicar un comentario