Destino Caracas o Asunción
Una lectura apenas superficial -cuando no cómplice por conveniencia- podría hablar de un heroico y épico límite institucional a un intento de diKtadura por parte de los últimos defensores de la legalidad y la Constitución. Un revés político que el propio Ladriprogresismo se encargó de agrandar desde que puso en marcha la reforma judicial porque hizo de ella una bandera de campaña política, y un trampolín para lanzarse a su objetivo real: la reforma constitucional. Los, casi ridículos, discursos y mensajes a través de redes sociales de La Jefa, siempre según esta visión simplista, son la demostración de cómo los Nac&Pop sangran por la herida. Pero la realidad es otra, la transitoria derrota -como no se cansan de decirlo- es combustible de alto octanaje para la maquinaria simbólica del épico relato de la guerra contra las corporaciones cómplices del imperialismo y los poderes antipopulares: mientras se prepara la etapa del Ladriprogresismo "de guerra", la "Opo" sólo ofrece el discursillo de la transparencia -o sea, como pasó en el 99, pasaron de "la convertibilidad sin corrupción" al "modelo sin lavado"-.
Si bien es verdad, que de haberles salido el tiro de la "democratización" de la Justicia, les quedaba allanado el camino a la reelección indefinida; no cabe duda que los Ladriprogresistas contaban con la crónica de su muerte anunciada en los tribunales de todas las instancias como un escenario más que posible. El ampuloso título y las promesas de ocasión no tienen nada que ver con las verdaderas intenciones de una reforma que aumenta el poder discrecional del gobierno para no sólo nombrar, sino limitar a la Justicia. Ninguno de los seis proyectos que componía ese paquete de leyes aprobado en modo expreso por un Congreso transformado en mera escribanía del Poder Ejecutivo, y aprobado con el mínimo necesario de votos suficientes -sin el acompañamiento de ningún opositor y de, incluso, algunos eventuales aliados-.
Estaban los tres menos polémicos, meros cambios de maquillaje: hacer públicas las declaraciones juradas del patrimonio -lo que no significa, como dijo falazmente La Jefa el jueves al pie del Monumento a la Bandera, que los jueces no tengan que presentarlas al fisco-; hacer públicas las sentencias por internet -algo que algunos juzgados, en particular la Corte Suprema, ya habían implementado; e imponer que los cargos en el Poder Judicial sean concursados. El primero es tan cosmético que veamos, por ejemplo, que los legisladores y miembros del Ejecutivo presentan sus DDJJ donde sólo publican "el blanco" -y ni siquiera es importante que "cierre"; los tipos multiplican por cientos y hasta por miles sus patrimonios y a nadie le alarma, hasta que la economía se paraliza o entra en recesión y empieza "la epidemia de la transparencia"-. Apenas el tercero es algo "democratizador", pero el Gobierno Nac&Pop rápidamente demostró sus verdaderas intenciones cuando tranzó con La Corte la designación de sus empleados; aparte un Gobierno que no hace un solo concurso, que abusa de la dedocracia y donde la obediencia debida es el principio de la "carrera de honores" en el organigrama oficial quién garantiza que lo hagan ahora en la Justicia -dígamne, ¿por qué no se concursan sino todos los cargos públicos en todas las reparticiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo, no sólo nacionales sino también provinciales y municipales para "dar el ejemplo?"-.
Luego venía la artillería pesada, con reformas que al revés de los que promocionaban, no producían ningún efecto democratizador. Primero estaba la ley que agrega cámaras de Casación en los fueros laboral y previsional. O sea, los juicios que hacen los sectores más desprotegidos -trabajadores y jubilados- contra los poderes de las empresas y el Estado ahora se alargan 4 años más, como mínimo. Lo que, en el caso de los juicios previsionales, juega no sólo con agotar al demandante, sino con la posibilidad de que se muera antes de cobrar lo que le corresponde. Más allá que en uno, de sus tantos excesos verbales, La Jefa les haya dicho "buitres" a los jubilados que le hacen juicios al Estado, a pesar de que mamá en persona hizo uno, lo ganó y lo cobró.
La segunda es la reforma más "política" y controversial del paquete de reformas: la del bendito Consejo de la Magistratura. Como bien lo admite en su sentencia el Juez Supremo de los Privados, el bendito consejo fue una de las pocas concesiones que se le pudo arrancar al Turco en la Reforma del 94. Al Riojano Más Famoso, sólo le importaba la reelección, y con los radichetas había arreglado la regla del tercer senador. La idea de un órgano de gobierno independiente del gobierno de turno, además de una "importación" del viejo continente, era una quimera difícil de aceptar para la política vernácula. El propio Juez supremo de los Privados reconoce que se redactó algo ambiguamente el artículo, y que una lectura forzada y algo autoritaria podría admitirse como válida, aunque para él esté reñida con el principio republicano de división de poderes. Los otros seis miembros del Máximo Tribunal decidieron fallar por una lectura con más sentido común y republicano, olvidad eso de que "la política es al arte de lo posible", incluso una lectura malisiosa y forzada de un artículo de la Constitución mal redactado.
Y no sólo eso invalidó La Corte, sino también la redacción de una ley antidemocrática en su esencia. Tanto fue así que amalgamó dos reformas en una: propuso la elección de jueces y académicos mediante el voto popular a través de partidos políticos pero inventó, en simultáneo, nuevas reglas de juego electoral. Prohibió, por ejemplo, la formación de agrupaciones o alianzas sólo para competir en los comicios de consejeros. Colocó otras restricciones insólitas: el reconocimiento nacional en 18 distritos, cuando para una elección presidencial la exigencia trepa sólo a 5.Y dentro del Consejo, cambió el principio de mayorías agravadas por el de simple para las votaciones. Aparte del desaguisado de que uno conociera el cuadro del referí antes del partido, proponían excluir a casi todos los partidos políticos de la posibilidad de presentar candidatos al Consejo "democratizado".
La tercera reforma es la más grave y, al mismo tiempo, la más simbólica. La limitación de las medidas cautelares contra el Gobierno. La Jefa, en otra falacia lisa y llana, advirtió la ridiculez de una cautelar que prohibiera elegir presidente o votar legisladores. Sólo un simio en estado de coma se comería tamaño verso. Al igual que considerar que es democratizador que las medidas cautelares contra el Gobierno se caigan automáticamente por la sola apelación de la misma o a los seis meses sin sentencia de fondo. Eso significa que el Gobierno puede dictar aumentos de tarifas indiscriminados -por ejemplo el Niño Cincuentón líder de la "Opo" Amarilla que se opone un poquito nada más, quizo hacerlo con los subtes, y ¿qué lo detuvo?: adivinaron, una medida cautelar"-; puede disponer otro corralito y lo único que van a poder decir los ahorristas es "alpiste" -los que pudieron zafar del saqueo del 2001 adivinen cómo lo hicieron; sí, a través de medidas cautelares-. Es más, en el Artificio de Ciudad Autónoma, la "Opo" Amarilla quiso hacer una reforma similar para la justicia porteña, y adivinen quiénes estuvieron entre los que se opusieron; si, adivinaron: los Ladriprogresistas.
Pero no se detiene ahí, en el artículo 17, esta reforma desamparaba totalmente a los trabajadores en huelga. El artículo en cuestión dice: "Cuando de manera actual o inminente se produzcan actos, hechos u omisiones que amenacen, interrumpan o entorpezcan la continuidad y regularidad de los servicios públicos o la ejecución de actividades de interés público (…) el Estado nacional o sus entidades (…) estarán legitimados para requerir (…) todo tipo de medidas cautelares tendientes a asegurar la prestación de tales servicios'". Las cautelares que les quitan al pueblo frente al Estado, se las dan al Estado contra los trabajadores en lucha. Este artículo infame se refiere a los trabajadores de 'servicios públicos', tampoco de servicios 'esenciales' como salud, donde históricamente se garantizan guardias mínimas al ejercer el derecho de huelga. El artículo indica actos que produzcan cualquier tipo de afectación a esos servicios o bienes o cualquier otra actividad de 'interés público', vengan de donde vengan -por ejemplo, como consecuencia de una huelga o piquete de cualquier otro sector de trabajadores-. Sumado a la Ley Antiterrorista sancionada el año pasado, supondría la militarización de los servicios si es necesario.
La reforma judicial ha dejado de manifiesto la naturaleza reaccionaria del Ladriprogresismo si se tiene en cuenta el intento de eliminar el sistema de cautelares contra las arbitrariedades del Estado, el cercenamiento del derecho a huelga y el alargamiento de los procesos judiciales para trabajadores y jubilados. La reforma judicial tampoco le ha servido para granjearse el apoyo de la clase capitalista, que ve en ella un intento de la camarilla gubernamental para acentuar aún más el intervencionismo. En vez de apoyo, cosechó otro cacerolazo masivo de la clase media en su contra y revitalizó a una oposición, la cual estaba más cerca de quedar desahuciada que de convertirse en alternativa de poder. Tampoco le sirvió para cohesionar sus propias fuerzas, como lo probaron las deserciones que surgieron dentro del oficialismo. En buena medida, ocurrió lo contrario que con la “ley de medios”, cuando el gobierno se valió de esa campaña para conquistar apoyo popular y dividir a la oposición.
Pero el Gobierno Nac&Pop lejos de "arrugar" -ni hablar, de hacer autocrítica- entró en un proceso de radicalización progresiva. Los Ladriporgresistas no dan un sólo paso al costado, ni mucho menos hacia atrás. Avanzan. No los detiene ni la realidad. Avanzan aunque parezcan situarse al borde del abismo. Aguantan y siguen. Contraatacan, reclaman, reprochan. Como si la sociedad siempre les debiera algo. Y cuando los cruzados se detienen un poco, es sólo para tomar impulso. A los efectos de arremeter después con más fuerza. Y avanzar con el acelerador a fondo y los ojos cerrados. Como si pretendieran pasar por encima del abismo. Ignorarlo.
Los cruzados ya han fijado rumbo. No reconocer un sólo camino alternativo. Son la fuente de toda razón y la única representación de lo nacional y lo popular, olvídense de cualquier alternancia ordenada. La Jefa nunca le va a entregar, de buena gana, la banda a alguno de los esbirros de lo antinacional y antipopular. Los Ladriprogresistas sólo reconocen dos destinos posibles: Caracas o Asunción. Y para eso preparan el clima: es la lucha final por la reforma de la Constitución: con el slogan de que la Reforma del 94 fue "neoliberal" y "riojanista" -a pesar de que ellos mismos fueron parte, La Jefa y Él en persona fueron constituyentes-, es necesario sancionar una "Cata Magna Nacional y Popular", aseguran los voceros -el gordito neonazi fue uno de los primeros y ahora se suman diputados, senadores y funcionarios de terceras líneas-. Pero, tienen un segundo itinerario: la amenaza del golpe institucional de la "derecha", como pasó en Paraguay o en Honduras, los Poderes políticos, corporativos e imperialistas están haciendo peligrar la democracia, y el fallo contrario de la Corte es parte de la escalada destitutyente.
Es simple muchachos, el "modelo" explotó. Alguien tiene que hacerse cargo de blanquear con "q" la economía: hay que actualizar precios, valor de las divisas, ajustar los salarios, estimar la deuda pública real -tanto externa, como interna-, corregir la política subsidiaria de servicios, y decidir quién pagará el pato de la boda: los trabajadores o los capitalistas. El Ladriprogresismo sólo puede hacerlo si tiene el poder absoluto y convence a todos de la necesidad de aplicar medidas de estado de excepción ante la amenaza de "la derecha". Sino, prefiere ser derrocardo para que otro se haga cargo del costo político. Porque, muchachos, y esto es inevitable, tanto los Nac&Pop como la "Opo" ya tienen resuelta la ecuación para salir de la crisis más tarde o más temprano. Adivinaron; los capitalistas nunca pagan.
© carlitosber.blogspot.com.ar, Junio 22 MMXIII
Permitida su copia, plagio o reproducción sin citar la fuente
La reforma judicial ha dejado de manifiesto la naturaleza reaccionaria del Ladriprogresismo si se tiene en cuenta el intento de eliminar el sistema de cautelares contra las arbitrariedades del Estado, el cercenamiento del derecho a huelga y el alargamiento de los procesos judiciales para trabajadores y jubilados. La reforma judicial tampoco le ha servido para granjearse el apoyo de la clase capitalista, que ve en ella un intento de la camarilla gubernamental para acentuar aún más el intervencionismo. En vez de apoyo, cosechó otro cacerolazo masivo de la clase media en su contra y revitalizó a una oposición, la cual estaba más cerca de quedar desahuciada que de convertirse en alternativa de poder. Tampoco le sirvió para cohesionar sus propias fuerzas, como lo probaron las deserciones que surgieron dentro del oficialismo. En buena medida, ocurrió lo contrario que con la “ley de medios”, cuando el gobierno se valió de esa campaña para conquistar apoyo popular y dividir a la oposición.
Pero el Gobierno Nac&Pop lejos de "arrugar" -ni hablar, de hacer autocrítica- entró en un proceso de radicalización progresiva. Los Ladriporgresistas no dan un sólo paso al costado, ni mucho menos hacia atrás. Avanzan. No los detiene ni la realidad. Avanzan aunque parezcan situarse al borde del abismo. Aguantan y siguen. Contraatacan, reclaman, reprochan. Como si la sociedad siempre les debiera algo. Y cuando los cruzados se detienen un poco, es sólo para tomar impulso. A los efectos de arremeter después con más fuerza. Y avanzar con el acelerador a fondo y los ojos cerrados. Como si pretendieran pasar por encima del abismo. Ignorarlo.
Los cruzados ya han fijado rumbo. No reconocer un sólo camino alternativo. Son la fuente de toda razón y la única representación de lo nacional y lo popular, olvídense de cualquier alternancia ordenada. La Jefa nunca le va a entregar, de buena gana, la banda a alguno de los esbirros de lo antinacional y antipopular. Los Ladriprogresistas sólo reconocen dos destinos posibles: Caracas o Asunción. Y para eso preparan el clima: es la lucha final por la reforma de la Constitución: con el slogan de que la Reforma del 94 fue "neoliberal" y "riojanista" -a pesar de que ellos mismos fueron parte, La Jefa y Él en persona fueron constituyentes-, es necesario sancionar una "Cata Magna Nacional y Popular", aseguran los voceros -el gordito neonazi fue uno de los primeros y ahora se suman diputados, senadores y funcionarios de terceras líneas-. Pero, tienen un segundo itinerario: la amenaza del golpe institucional de la "derecha", como pasó en Paraguay o en Honduras, los Poderes políticos, corporativos e imperialistas están haciendo peligrar la democracia, y el fallo contrario de la Corte es parte de la escalada destitutyente.
Es simple muchachos, el "modelo" explotó. Alguien tiene que hacerse cargo de blanquear con "q" la economía: hay que actualizar precios, valor de las divisas, ajustar los salarios, estimar la deuda pública real -tanto externa, como interna-, corregir la política subsidiaria de servicios, y decidir quién pagará el pato de la boda: los trabajadores o los capitalistas. El Ladriprogresismo sólo puede hacerlo si tiene el poder absoluto y convence a todos de la necesidad de aplicar medidas de estado de excepción ante la amenaza de "la derecha". Sino, prefiere ser derrocardo para que otro se haga cargo del costo político. Porque, muchachos, y esto es inevitable, tanto los Nac&Pop como la "Opo" ya tienen resuelta la ecuación para salir de la crisis más tarde o más temprano. Adivinaron; los capitalistas nunca pagan.
© carlitosber.blogspot.com.ar, Junio 22 MMXIII
Permitida su copia, plagio o reproducción sin citar la fuente
No hay comentarios:
Publicar un comentario